En esto quedaron definidas las tarifas de vigilancia. Foto tomada de https://www.seguridadsuperior.com.co/La actualización del salario mínimo que regirá a partir de 2026 ha generado una fuerte preocupación en el sector de la seguridad privada en Colombia, debido a sus implicaciones directas sobre la estructura de costos de las empresas formales de vigilancia.La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) advirtió que el nuevo ingreso básico, que alcanza los $2.000.000 mensuales al incluir el auxilio de transporte, tendrá un impacto relevante no solo en la operación de las compañías, sino también en el valor final que deberán asumir los usuarios de estos servicios.De acuerdo con el gremio, el ajuste salarial no puede analizarse de manera aislada. En paralelo, el sector ha debido absorber una serie de cambios normativos que incrementan de forma progresiva sus obligaciones económicas.Entre las medidas más relevantes se encuentra la reducción de la jornada laboral semanal, así como la ampliación del horario nocturno, que ahora inicia a las 7:00 de la noche y se extiende hasta las 6:00 de la mañana. Esta modificación implica mayores recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, elementos que inciden directamente en el cálculo de las tarifas.Seguridad Privada en Conjuntos. Fotos: Suministro seguridadsuperior.com.co / citoip.comConfevip estima que la suma de estos factores podría traducirse en un aumento acumulado superior al 30 % en el costo de los servicios de vigilancia privada en un periodo relativamente corto. Este incremento, según el gremio, representa un desafío significativo para la sostenibilidad financiera de muchas empresas del sector, especialmente aquellas que operan con márgenes ajustados y contratos de largo plazo.El escenario descrito también tendría efectos sobre los usuarios, en particular sobre las copropiedades, conjuntos residenciales y pequeñas empresas que dependen de estos servicios para garantizar la seguridad de sus instalaciones.Desde la perspectiva del gremio, el aumento de los costos podría llevar a la reducción de esquemas de vigilancia, la reconfiguración de turnos o, en el peor de los casos, a la contratación de servicios informales, con los riesgos que ello implica en materia de legalidad y protección.Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada, explicó en declaraciones a La W Radio que las compañías del sector están obligadas a cumplir estrictamente con la normativa laboral vigente.Señaló que los salarios, recargos y condiciones de contratación son supervisados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad responsable de autorizar y validar las tarifas. En ese contexto, indicó que las administraciones de edificios y conjuntos residenciales deberán revisar sus presupuestos y ajustar sus esquemas de contratación a su capacidad financiera real.Finalmente, Díaz destacó que el momento actual plantea la necesidad de replantear el modelo tradicional de vigilancia. Ante la preocupación de los usuarios, el gremio ha comenzado a impulsar alternativas que combinan la presencia humana con herramientas tecnológicas, automatización y sistemas de videovigilancia.