La reunión que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa resume todos los ingredientes que han hecho del mandato del dirigente socialista un monumento a la antipolítica. El presidente del Gobierno de una nación democrática y regida por una Constitución recibe a un líder separatista que actualmente está inhabilitado por una condena firme del Tribunal Supremo por una agresión antidemocrática al orden constitucional. Hay más. El jefe de un Ejecutivo que ha decidido gobernar a espaldas de un Parlamento en el que no tiene mayoría pacta con un líder independentista e inhabilitado por condena firme un cambio del modelo de financiación autonómica que requiere reformas legales aprobadas por el Parlamento. Por si fuera poco, ambos interlocutores han convenido un plan para territorios ricos en detrimento de los más necesitados de apoyo estatal, porque Sánchez, el socialista, y Junqueras, el independentista de izquierdas, han pactado que Cataluña tenga el mismo rango ordinal por lo que aporta que por lo que recibe. Es un pacto que, como los de investidura de Sánchez, deroga la ciudadanía constitucional de los españoles –basada en la igualdad– y la sustituye por el privilegio territorial al más puro estilo predemocrático. En otras condiciones, la fotografía de Sánchez con un amnistiado por malversación, pero aún inhabilitado, movería a escándalo, pero tanto Sánchez como Junqueras pertenecen a esa clase de políticos que no escandalizan porque de ellos no se puede esperar un comportamiento decoroso. Ambos se aprovechan de una cierta resignación ante el daño causado Sánchez a la moral pública. En todo caso, los dos han decidido blanquearse recíprocamente, porque Junqueras, a pesar de sus condenas penales amnistiadas, es el que ahora blanquea a un Sánchez golpeado por la derrota en Extremadura y los escándalos de corrupción en su familia y en su núcleo personal más cercano. Que todo un presidente del Gobierno reciba oxígeno de un personaje como Junqueras da la medida de su naufragio. Las consecuencias prácticas del acuerdo sobre la nueva financiación de Cataluña –4.700 millones de euros al año y principio de ordinalidad, con un juego de cupos o pagos al Estado– las sentirán principalmente las candidatas socialistas –María Jesús Montero y Pilar Alegría– en las próximas elecciones autonómicas. Por lo pronto, la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, tiene que explicar hoy el acuerdo diseñado por Sánchez para Cataluña. La candidata andaluza a buen seguro insistirá en que es un modelo que beneficia a todos y que Sánchez y Junqueras se mueven solo por el interés de España. Sin embargo, de este interés no hay rastro en el acuerdo de financiación, porque, por ejemplo, los republicanos independentistas no han comprometido su apoyo a unos nuevos presupuestas generales del Estado, que están en lista de espera como los presupuestos catalanes. A todo esto, Salvador Illa sigue siendo un actor secundario en las argucias de Sánchez , que solo mira Cataluña con intereses electoralistas, aunque Junts le haya tomado la medida al preguntarse por esa modalidad de concierto económico que se pactó con ERC para investir a Salvador Illa, pacto que incluía la cesión del cien por cien del IRPF y que tampoco se ha ejecutado. La indignidad de recibir a un inhabilitado penalmente en la sede de la Presidencia de Gobierno no debe impedir que se vea con nitidez la carencia absoluta de proyecto político en Pedro Sánchez. Junto a Junqueras, gana algo de tiempo, activa efímeramente su agenda muerta, pero volverá a toparse con la realidad de que esta legislatura lleva tiempo desahuciada.