Son diez mujeres las que han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. A sus asesinatos se suman los de dos menores de edad, un niño y una niña, hijos de los propios agresores machistas. Son las cifras demoledoras que deja la violencia de género en dos meses, números récord que obligan a la revisión urgente del sistema. Aquellas que llevan décadas dedicando todos sus esfuerzos a tejer una estrategia sólida contra la violencia miran abrumadas las estadísticas tratando de dilucidar cuál es la pieza que no encaja, cuáles los mecanismos que no terminan de arrancar y los motivos por los que la vida de las mujeres sigue en riesgo.La reflexión es obligada, dado el contexto actual. Entre las diez mujeres asesinadas, cinco tenían denuncia previa y cuatro contaban con medidas de protección en el momento en que sus maltratadores decidieron arrebatarles la vida. Estaban, en teoría, protegidas. También los menores: ambos estaban respaldados con denuncias previas y uno de ellos contaba con una medida de protección que fue desobedecida por el agresor.Consciente de la dimensión del problema, el ministerio pilotado por Ana Redondo ha propuesto una serie de mejoras técnicas dirigidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía. Se trata, en todo caso, de meras recomendaciones. Uno de los elementos que ha suscitado el interés del departamento tiene que ver con las órdenes de alejamiento, una medida que no debería estar por debajo de los 350 metros. "A menos distancia la capacidad de reacción es muy complicada" porque las fuerzas de seguridad "tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones", exponen fuentes del ministerio.Lo cierto es que no sólo los crímenes mortales registrados en lo que va de año han estado atravesados por las deficiencias del sistema, sino que además en las últimas semanas se han conocido una serie de episodios de violencia machista marcados por fallos en la protección. El entorno de la mujer agredida por su expareja en Sant Antoni (Ibiza) denunció a mediados de febrero que la pulsera antimaltrato no sonó cuando su agresor quebró la orden de alejamiento, una medida que abarcaba únicamente un perímetro de 100 metros. Al tiempo, otro hombre era detenido en Jadraque (Guadalajara) por una agresión contra una víctima que sí estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén, categorizada como riesgo extremo.Son los jueces quienes deciden no sólo la interposición de las órdenes de alejamiento, sino también sus características y condiciones. "Se decide a criterio del juez y está condicionado totalmente por la denuncia", expone Consuelo Abril, abogada especializada en violencia machista. Para Rosa Gil, presidenta de Themis Mujeres Juristas, sobre la decisión de la distancia de la orden pesan muchos factores, como el lugar en el que se encuentren la víctima y su agresor. "Si hablamos de 500 metros en un pueblo, por ejemplo, podríamos estar hablando de una pena de destierro", razona. La jurista pone de manifiesto la complejidad de algunos casos concretos, como aquellos en los que el agresor vive en las proximidades de su víctima. Un extremo, este último, también contemplado por el Ministerio de Igualdad. En sus observaciones dirigidas a la justicia, el departamento ministerial reconoce que en estos casos "el sistema operativo se tensiona, con continuas alarmas que llegan" a la policía y a la propia víctima.Nuria Varela, experta en políticas públicas de igualdad, coincide en el elogio generalizado a la recomendación de aumentar la distancia en las órdenes de alejamiento, pero se apresura en introducir un matiz a su análisis: "Es obvio que sólo esta medida de forma aislada no va a resolver nada".Enyesar las grietas pasa necesariamente por un análisis riguroso, global y amplio de todos los engranajes. "Todo el sistema de protección hay que revisarlo y modificarlo a fondo", asiente Varela. A su juicio, parte del problema tiene que ver con la deriva hacia una suerte de "sistema de asistencia social" en lugar de situar la estrategia en el marco de las "políticas públicas de igualdad". En esa línea, la experta aboga por "hacer prevención y después dotar al sistema de recursos económicos, materiales y humanos". Sin olvidar, completa, que en la mayor parte de los territorios "el sistema de protección está externalizado o privatizado". No basta con "modificar el algoritmo, ni con introducir dos preguntas más en la valoración del riesgo, sino que debemos revisar a fondo el sistema", añade.A Abril no le tiembla la voz cuando impugna el funcionamiento del sistema desde sus mismas raíces. La letrada se dirige directamente a la ley integral contra la violencia machista, aprobada hace más de veinte años, el corazón de la estrategia institucional: "Muchas medidas ni siquiera se han puesto en práctica hoy día", lanza al otro lado del teléfono. "Han pasado más de veinte años, es momento de evaluar qué se está haciendo y qué no".Para Abril, las deficiencias son estructurales y emergen desde el mismo momento de la denuncia. Falta acompañamiento en las comisarías, formación y recursos, perfila la letrada. "En un juzgado tienes que tener una denuncia coherente acompañada de pruebas, lo contrario da pie a absoluciones, archivos o a la no interposición de medidas cautelares". Para corregirlo, clama, son fundamentales las condiciones en las que la víctima acude a la comisaría.También Gil estima urgente trabajar mano a mano con las víctimas, muchas de ellas reticentes a dar el paso de denunciar o incapaces de depositar sobre sus maltratadores la responsabilidad de la violencia. Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, el 53,7% de las mujeres que no denunció a su pareja explicó su decisión porque resolvió el problema sola y el 42,8% le dio muy poca importancia. Un 18,6% señala haberlo resuelto sencillamente porque el problema –es decir, la violencia– se terminó. Por eso, opinan las juristas consultadas, es clave tanto el apoyo psicológico como la asistencia especializada y un acompañamiento profesional capaz de arropar a las víctimas. Porque de lo contrario, añaden, se enfrentan solas a un sistema que las expulsa y desacredita. Los recientes fallos en el sistema lanzan un mensaje claro: "De qué me sirve denunciar si no me van a proteger", desliza Gil.Pero ninguna reformulación del sistema será verdaderamente efectiva si no viene acompañada de un análisis crítico sobre la raíz del problema: el machismo estructural. Y ahí las expertas no pueden apartar la mirada de los discursos de odio que con cada vez más frecuencia legitiman la violencia."La extrema derecha odia al feminismo y no cree en la violencia de género", introduce Gil. Por eso cree fundamental el trabajo con las generaciones más jóvenes, entre quienes las tesis negacionistas permean con mayor facilidad. Abril recuerda que estos discursos están consiguiendo convertir la violencia de género "otra vez en un delito privado, se está quedando en casa". Y las instituciones, lamenta, "no están a la altura".Pero Varela va un paso más allá e insiste en que no basta con invocar la amenaza de la extrema derecha para construir una crítica al sistema. "La ultraderecha no gobierna y aun así el sistema está infradotado. Antes de empezar a echarle la culpa a la extrema derecha, debemos mirar lo que tenemos y resolverlo", zanja.