«Si no gestionamos los montes, van a gestionarlos los incendios», advertía ayer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Por eso, y tras la dura enseñanza de los fuegos de este verano, Madrid decide pasar a la acción, y va a cambiar la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para que sea obligatorio tomar determinadas medidas de prevención, y aplicar directamente, como administración, otras como el incremento de la explotación maderera –para tener bosques más limpios– y la ganadería extensiva –que se coma la biomasa–. El cambio normativo, que estará listo en aproximadamente un año y medio, en cálculos del consejero, busca dotar de un marco jurídico más adecuado a la gestión de la superficie forestal de la comunidad. Verá la manera de hacer obligatorias por ley determinadas infraestructuras de defensa a propietarios privados o a ayuntamientos, o poder hacerlo de forma subsidiaria, o prohibir determinados usos. También se primará en la norma la ganadería extensiva, como aliado en el cuidado del monte. Pero todo no será coercitivo: introducirá figuras para incentivar al privado: «Que quien ha heredado 15 hectáreas de pinar y no sabe qué hacer con ellas, reciba medios para hacer un plan de explotación y conseguir que una empresa le de beneficios, o al menos que el mantenimiento del monte no le cueste», explica Novillo. Uno de esos aprovechamientos va a ser el de la madera: ya se ha adjudicado el primer plan en este sentido, sobre un monte público en Gascones. Se abrirán líneas de subvención en este sentido porque piensan en la Consejería que incorporar a los privados a la gestión forestal ayudará a tener bosques más sanos ante los incendios. «Nos ha sorprendido el mucho interés detectado en las empresas», reconocía el consejero. Los números lo explican: van a multiplicar por veinte las extracciones. Se extraerá material de pino silvestre, por el que el Gobierno autonómico recibirá 500.000 euros a través de un contrato bianual. Y esa cantidad se invertirá en seguir mejorando los bosques. Se calcula que si en la pasada legislatura se ingresó una cantidad similar, 510.045 euros, al poner en el mercado 18.500 metros cúbicos de madera, de aquí a finales de 2026 se pasará a más de 357.000 metros cúbicos que supondrán aportar 4,1 millones de euros a las arcas públicas. El incremento es del 716 por ciento. Habrá tres oficinas técnicas para movilizar estos recursos, y serán los técnicos los que digan siempre qué pies talar. «Ya no podemos parar, tenemos necesidad urgente de gestionar el monte; tras este verano se ha visto», argumenta el consejero. Una de las prioridades de la Consejería es proteger el olivar y el viñedo en la región. Se va a poner en marcha un Plan de Protección del Paisaje que restringe la instalación de placas fotovoltaicas a un 4 por ciento de la superficie de la región, en zonas localizadas ya en un mapa. Los responsables regionales apuntan que acelerarán los proyectos que acudan a esos terrenos ya determinados. Los 262 kilómetros del trazado de arco verde, que rodea la región y permite pasear o transitar en bicicleta por zonas forestales, es ya una realidad. El consejero sugiere incluso que podrá utilizarse para acudir al puesto de trabajo a través de esa infraestructura, en algunos casos. Además, Medio Ambiente va a continuar también desarrollando el Proyecto Life, de la Unión Europea, para mejorar nueve humedales madrileños y que las especies migratorias elijan Madrid en sus desplazamientos. El mayor reto en agricultura en Madrid es el relevo generacional, reconocen las autoridades. Ellos lo combaten con líneas de subvención importantes, que se aplican hasta los 50 años, «también para los que quieren cambiar su vida y meterse en lo rural» ya de adultos. Por otra parte, Madrid trabaja en nuevas denominaciones de origen para el ajo fino de Chinchón, el espárrago y la fresa de Aranjuez, y la miel de Madrid. El Gobierno regional espera que se publique la nueva planificación energética para poder presentar alegaciones. De ello, y de que se les haga caso, como les han prometido, depende la viabilidad de 60.000 viviendas en los desarrollos del sureste, que de no lograr este chute energético podrían verse ralentizadas en los próximos 5 años. También penden de un hilo, y por los mismos motivos, muchos proyectos de industria e inversión, sobre todo centros de datos, explicó el consejero Carlos Novillo. «Esto es lo que nunca había pasado en España: ver limitada a la actividad económica por falta de suministro eléctrico». Y mientras, denunció, «aquí, cerrando centrales nucleares». Novillo es partidario de mantenerlas abiertas. Pero en el caso de Madrid, aseguró que no hay «ninguna propuesta sobre la mesa, ni a corto ni a medio plazo, para instalar un minireactor nuclear en Madrid». Es algo, añadió, a tener en cuenta una vez «que se teste que sean viables» y siempre contando con el Gobierno central que debería aceptarla. «Pensamos a futuro, cuando otro gobierno se tome en serio el tema». Para cuando esto ocurra, Madrid tendrá «profesionales cualificados» porque para eso se ha abierto líneas de trabajo sobre energía nuclear.