El Gobierno ha convertido el derecho al aborto en un nuevo ariete contra el PP y varias de las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores. Un choque tras el que se acusa a los populares de ceder a la agenda de la ultraderecha, como en materia de inmigración, memoria democrática o derechos LGTBI, y que replica la estrategia utilizada en las últimas elecciones generales. La batalla declarada al plan de Madrid para informar sobre el síndrome postaborto se elevó primero a Génova para conminar a los populares a un acuerdo que blinde en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y ahora se busca extender este marcaje a los territorios, donde no se estaría garantizando plenamente la normativa vigente. Así se denunciaba en el requerimiento a Madrid, Illes Balears, Aragón y Asturias para crear el registro de médicos objetores al aborto, como mandata la actual normativa.Seguir leyendo....