Con el fin de acabar con aquellos escenarios en los que pagar las deudas ya no basta para volver a empezar y en los que millones de colombianos que saldaron sus obligaciones siguen enfrentando obstáculos cada vez que piden un crédito, dado que su nombre continúa marcado en las centrales de riesgo; en el Congreso se está moviendo un nuevo salvavidas para los morosos.Todo, gracias a la iniciativa “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en el Legislativo y promete borrar los reportes negativos de quienes ya cumplieron y ofrecerles una segunda oportunidad dentro del sistema financiero.Consulte aquí: JP Morgan alerta que la política fiscal amenaza la lucha contra la inflaciónLa propuesta, analizada por la Universidad de San Buenaventura, busca restablecer el acceso al crédito formal para cerca de 14 millones de colombianos que hoy siguen castigados a pesar de estar al día. El texto ya fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado 10 de septiembre y le restan tres debates para convertirse en ley, algo que podría ocurrir antes de finalizar 2025 o a comienzos de 2026.De acuerdo con Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, el proyecto introduce cinco reglas claras y fáciles de aplicar; comenzando porque establece un plazo de un año desde la promulgación de la norma para que los ciudadanos puedan ponerse al día con sus obligaciones y acceder a los beneficios.Este proyecto aún debe surtir tres debates más en el Congreso de la República.Imagen de ChatGPT“La segunda medida, denominada limpieza exprés, obliga a las centrales de riesgo a eliminar los reportes negativos en máximo dos meses después de que se pague la deuda. Esto evitará que los ciudadanos sigan penalizados durante años por obligaciones ya saldadas”, indicó este experto.El proyecto también tiene efecto retroactivo y establece que quienes ya cancelaron sus deudas antes de la entrada en vigor de la ley también quedarán libres del reporte; mientras que otro punto clave, llamado “caso Icetex”; se ha convertido en parte central del debate, dado que atiende a un sector muy importante de la población colombiana.Lea también: Efemérides: hace 50 años se instaló el primer cajero automático en Colombia“Los beneficiarios de créditos educativos que lleguen a un acuerdo con la entidad y cumplan seis cuotas consecutivas podrán salir de la lista negra, incluso sin haber terminado de pagar la totalidad del préstamo”, explicó Florián.Finalmente, este analista sostuvo que el alcance del proyecto será más amplio que en su versión original, pues cobijará no solo a los usuarios de crédito de consumo, sino también a deudores de vivienda, mipymes, empresarios del turismo, pequeños productores agropecuarios y trabajadores independientes.Este proyecto aún debe surtir tres debates más en el Congreso de la República.Imagen de ChatGPT“No es una condonación de deudas ni un regalo. Se exige el pago total o el cumplimiento de un acuerdo. Es una medida para democratizar el crédito, no para estimular la mora”, aclara Florián, quien deja claro que el universo de potenciales beneficiarios es enorme, pese a las diferencias de alcance entre los legisladores y el sector financiero, que habla de apenas cinco millones de beneficiarios.Cabe destacar que el antecedente de esta propuesta es la Ley 2157 de 2021, la primera versión de Borrón y Cuenta Nueva, que prometía beneficiar a 16 millones de personas, pero al final tuvo un efecto limitado y apenas 1,7 millones lograron limpiar su historial; debido a fallas como la poca difusión, resistencia del sistema financiero y los efectos de la pandemia.Más información: Colombia estaría en camino a su quinto año por fuera del rango meta en inflación“El contexto económico también hace que el debate cobre fuerza. Con una proyección de crecimiento del 2,5% para 2025, una inflación aún por encima del 5% y tasas de interés del 9,25% en el Banco de la República, el crédito se ha encarecido. Los préstamos de consumo rondan el 25% efectivo anual y los productivos superan el 50% efectivo anual”, dice el reporte.Si bien hay desafíos y errores del pasado por corregir, desde la Universidad San Buenaventura cerraron diciendo que más que una medida legal, el proyecto representa una segunda oportunidad para millones de colombianos que hicieron lo correcto y pagaron para limpiar su imagen en el sector financiero.DANIEL HERNÁNDEZ NARANJOPeriodista de Portafolio