«En el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso», sentencia el Abogado General de la UE, que urge a España a que eleve las indemnizaciones máximas por despido de 33 días por considerar que no reparan el daño sufrido. Asegura también el letrado que la norma española no contraviene la europea y que no piensa que España tenga que convertir interinos en funcionarios, aunque insta al Gobierno a poner freno en los abusos en la contratación. Casi 1,4 millones de trabajadores del sector público, 700.000 interinos y otros casi 650.000 con un contrato temporal, indefinido e indefinido no fijo, llevan meses esperando el pronunciamiento de la justicia europea sobre las sus condiciones laborales... Ver Más