El pleno acepta estudiar las alegaciones del expresident y los exconsellers Comín y Puig contra la negativa del Tribunal Supremo a perdonar el delito de malversación por el que están en búsqueda y capturaEl Constitucional rechazará el recurso del Supremo contra la amnistía en el que denunciaba un “golpe de Estado” El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso con el que Carles Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. El pleno, con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador, acepta estudiar durante los próximos meses la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito alegando que la malversación del procés sí supuso un enriquecimiento para Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El tribunal entiende que en estos recursos existe una “especial trascendencia constitucional” que avala su admisión a trámite “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Los magistrados rechazan la petición de medidas urgentes de estos recursos, que pedían que se amnistiara la malversación de forma cautelarísima. La ley de amnistía, que desde su entrada en vigor hace más de un año ha beneficiado a más de 300 personas entre activistas, policías y políticos, recibió el aval del Constitucional hace unos meses, cuando la mayoría progresista del pleno rechazó de forma casi íntegra el recurso del PP. Este nuevo recurso de Puigdemont y sus dos exconsellers ataca la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación que les atribuye desde 2017 el juez Pablo Llarena. En la práctica, esta imputación es la que impide que Puigdemont pueda regresar a España sin arriesgarse a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo, una de las principales reivindicaciones del independentismo a la hora de negociar esta norma. La Sala de lo Penal entendió que el hecho de que los líderes del procés usaran medios públicos para organizar el referéndum independentista de 2017 implicaba que no habían tenido que ponerlo de su bolsillo y, por tanto, había constituido un enriquecimiento ilícito que no perdona la ley de amnistía. La admisión a trámite ubica una posible decisión del Constitucional sobre el caso de Puigdemont dentro de varios meses. El Supremo, que además de rechazar la amnistía para la malversación del procés impugnó la propia ley ante el Constitucional, no fue unánime en este criterio: la magistrada Ana Ferrer votó a favor de amnistiar la malversación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se pronunciaron en sentido contrario. El pleno del tribunal de garantías analiza esta semana varios aspectos relacionados con la amnistía después de rechazar el recurso del PP y avalar la norma en sus líneas fundamentales. Los magistrados tienen previsto rechazar las impugnaciones presentadas por el gobierno de Aragón y por el propio Tribunal Supremo.