Una escena en la mañanera de este lunes fue incómoda, pero necesaria. La periodista potosina Anahí Torres González tomó el micrófono para denunciar lo que calificó como un atentado. Relató que fue interceptada por hombres armados tras publicar reportajes sobre un presunto caso de espionaje político en San Luis Potosí.Su testimonio frente a la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo evidenció el miedo con el que muchos periodistas trabajan en los estados, sino también la urgencia de garantizar condiciones reales para ejercer el periodismo sin amenazas ni represalias.En un país donde “matar la verdad sale barato“, la denuncia de Anahí refleja un patrón que se repite desde hace años: hostigamiento, intimidación y desprestigio contra quienes investigan al poder.ESPEJO POTOSINOLo que ocurre en San Luis no es nuevo ni aislado. Organizaciones como Artículo 19 han documentado desde hace años un clima de acoso institucional contra la prensa local. Las agresiones van desde campañas de difamación y demandas estratégicas, hasta vigilancia y violencia física.En los últimos años, San Luis Potosí ha escalado posiciones en los reportes de ataques a periodistas. Los golpes suelen concentrarse en comunicadores que investigan temas sensibles: corrupción, nepotismo o abuso de poder.Medios locales han publicado investigaciones sobre una supuesta red de espionaje estatal y otras irregularidades administrativas. El gobierno de Ricardo Gallardo niega rotundamente esos señalamientos y los atribuye a intereses políticos. Aun así, preocupa el riesgo creciente que enfrentan los reporteros locales que se atreven a contar historias incómodas.Al final la verdad pierde cuando la crítica se responde con descalificaciones o amenazas.PODER Y PALABRAEn San Luis, como en otras entidades, el poder político tiende a confundir la crítica con el ataque. Se han escuchado expresiones que califican a los medios como “portales patito” o “enemigos del Estado“. Esa narrativa no sólo es peligrosa: legitima la violencia simbólica y real contra la prensa.La propia Anahí Torres no es la primera periodista potosina que denuncia intimidación. Antes que ella, comunicadores como Omar Niño Pérez o Jaime Nava también señalaron persecución tras publicar investigaciones sobre la administración local.Y aunque los gobiernos suelen negar su participación, el resultado es el mismo: un periodismo amedrentado, que ejerce bajo la sombra de la autocensura.Ahí está también el ejemplo de Campeche: una jueza prohibió al periodista Jorge González Valdez publicar sobre la gobernadora Layda Sansores, y ordenó que un “censor judicial” revise cada texto antes de que se difunda.EL MENSAJELa presidenta Sheinbaum reaccionó con prudencia, quizás porque el Partido Verde es aliado de Morena. Aseguró que el gobierno federal acompañará el caso y revisará la denuncia.Fue un mensaje insuficiente. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Si se permite que el miedo marque la agenda, la democracia pierde oxígeno.La libertad de expresión no se mide por lo que se puede decir en la capital, sino por lo que se puede publicar en los estados sin ser perseguido o silenciado.Casos como el de San Luis Potosí deben servir como advertencia: sin prensa libre no hay rendición de cuentas, y sin garantías para los periodistas, la verdad termina secuestrada por el poder.Porque la libertad de expresión no se agradece: se defiende todos los días, incluso cuando incomoda.EL DATO INCÓMODOSheinbaum anunció que en enero iniciará el registro del Sistema Nacional de Salud, que integrará historiales médicos de todos los mexicanos. Suena bien, pero falta explicar cómo se protegerán esos datos. En el mundo, el hackeo de información médica se usa para extorsionar pacientes.The post San Luis Potosí: ¿y la libertad de expresión? first appeared on Ovaciones.