Ryanair reducirá en 1,2 millones los asientos disponibles para la temporada de verano de 2026 en los aeropuertos regionales de España y suspenderá todas sus operaciones en Asturias. La compañía atribuye esta decisión al elevado coste de las tasas aplicadas por Aena, al que considera un gestor con prácticas monopolísticas.El consejero delegado de la aerolínea, Michael O’Leary, ha informado en Madrid que, pese a los recortes en aeropuertos regionales, se incrementarán en 600.000 las plazas en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma. La empresa ya había anticipado en septiembre una reducción de capacidad estimada entonces en un millón de asientos, que ahora eleva hasta los 1,2 millones.Expediente a EspañaEl Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha defendido la validez jurídica de las sanciones impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de cabina, pese a la decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente de infracción contra España. El departamento sostiene que las multas cuentan con respaldo legal, tanto en la normativa nacional como en la europea.Las sanciones, anunciadas en noviembre del año pasado, afectaron a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea. El Ministerio de Consumo las acusó de prácticas abusivas, entre ellas el cobro por el equipaje de mano y por reservar asientos contiguos para personas dependientes. En total, las multas ascendieron a 179 millones de euros.La Comisión Europea considera que la Ley de Navegación Aérea española podría restringir la libertad de las aerolíneas para fijar precios y ha otorgado a las autoridades españolas un plazo de dos meses para responder a las irregularidades señaladas. Si el asunto no se resuelve, Bruselas podría enviar un dictamen motivado como segundo paso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Fuentes del Ministerio de Consumo han indicado que la apertura de este expediente no afecta a las sanciones impuestas, que continúan su curso judicial. El Gobierno recuerda que la Comisión no tiene competencias para decidir sobre la validez de las multas ni sobre la interpretación del derecho comunitario, facultad que corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. Actualmente, España mantiene abiertos 94 expedientes con la Comisión, entre ellos uno relacionado con la OPA de BBVA sobre Sabadell.