Sindicatos de Colombia. Foto: PresidenciaLa Reforma Laboral, conocido como Ley 2466 de 2025, introduce transformaciones significativas en el régimen sindical colombiano. Uno de los cambios más relevantes recae sobre el numeral 10 del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece contenidos mínimos más detallados para los estatutos sindicales. Esta modificación, que va más allá de un ajuste técnico, obliga a las organizaciones sindicales a replantear la manera en que estructuran su deliberación interna y sus normas de convivencia.El nuevo marco normativo exige que los estatutos incluyan de manera precisa el régimen de funcionamiento de la asamblea sindical. Entre los aspectos que deben contemplarse se encuentran las atribuciones exclusivas de la asamblea, la incorporación de medios tecnológicos en la dinámica deliberativa, la periodicidad de las reuniones, las reglas de representación de los afiliados, el reglamento de las sesiones, los quórums requeridos, la estructura de los debates y las normas de votación.Estos elementos, que anteriormente eran potestad discrecional de cada organización, pasan ahora a convertirse en requisitos formales sujetos a control jurídico.En consecuencia, los sindicatos deberán garantizar que sus estatutos se ajusten a los nuevos estándares legales, con el fin de evitar posibles sanciones o nulidades.De acuerdo con Juan Fernando Escandón, socio de Escandón Abogados y director del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda, “la autonomía sindical no es absoluta. La Constitución de 1991 y los convenios internacionales de la OIT establecen límites claros que buscan proteger la democracia sindical y los derechos de los afiliados. Si bien la reforma moderniza la vida sindical, también exige un uso responsable y armónico con el ordenamiento jurídico”.Por su parte, Felipe Quintero García, abogado laboralista y socio de Quintero y Quintero Abogados, subraya que los sindicatos, los empleadores y el Estado deberán enfrentar varios desafíos en la implementación de la reforma.Entre ellos, destaca la necesidad de evitar la delegación de competencias que la ley reserva exclusivamente a la asamblea sindical; definir reglas de quórum y mayorías acordes con la normativa superior, con el fin de prevenir vacíos o interpretaciones abusivas; asegurar que los mecanismos tecnológicos no excluyan a trabajadores sin acceso digital ni vulneren el secreto o la integridad del voto; y, finalmente, diseñar procedimientos estatutarios que reduzcan la incertidumbre jurídica y el riesgo de nulidades o litigios.Estas inquietudes ya han sido objeto de análisis en publicaciones especializadas y medios académicos que examinan los alcances de la nueva legislación.Sindicatos en Colombia. Foto: Presidencia.¿Cómo serían los cambios que deben hacer las organizaciones sindicales con la entrada de la reforma laboral?Frente a este panorama, las recomendaciones para las organizaciones sindicales son principalmente de carácter práctico y administrativo. Se sugiere revisar y, si es necesario, actualizar los estatutos, incorporando cláusulas que garanticen la democracia interna, la inclusión digital y la protección del sufragio. Los empleadores, por su parte, deben capacitarse en la interpretación de las nuevas disposiciones, a fin de evitar respuestas precipitadas en los procesos de negociación colectiva.Recomendado: Estos son los cambios clave a los contratos por prestación de servicios que ya aplicanAsimismo, el Ministerio del Trabajo y la Rama Judicial tendrán un papel fundamental en la emisión de lineamientos, criterios interpretativos y resoluciones que armonicen la autonomía sindical con los principios constitucionales y los compromisos internacionales del país.Cabe recordar que algunas modificaciones estatutarias requieren aprobación administrativa, lo que refuerza la función de supervisión del Estado sobre el cumplimiento de los nuevos parámetros legales.En definitiva, la Ley 2466 de 2025 brinda a los sindicatos la oportunidad de adecuar su funcionamiento a las realidades contemporáneas del trabajo y la representación colectiva. Sin embargo, también impone la responsabilidad de traducir esa modernización en prácticas democráticas, transparentes y compatibles con el marco jurídico vigente. El éxito de esta transición dependerá tanto de la capacidad de adaptación interna de las organizaciones como del acompañamiento y control que ejerzan las autoridades competentes para garantizar un equilibrio entre la autonomía sindical y el respeto por la legalidad.