El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe correspondiente al periodo 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que analiza la evolución y el estado actual de esta prestación en el sistema público de salud. El estudio revela notables diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al grado de integración del aborto en la red pública, con Andalucía a la cola: solo el 0,2% de las intervenciones se realizan en centros dependientes del sistema sanitario autonómico.Según los datos, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña superan el 50% de interrupciones practicadas en hospitales públicos, con porcentajes del 88,5%, 77%, 76,1%, 74,8% y 55,1% respectivamente. Estas cifras contrastan con las de regiones como Castilla-La Mancha (0,1%), Madrid (0,5%) o Murcia (0,9%), donde la práctica totalidad de los abortos se efectúa en clínicas privadas concertadas.El informe señala que cuatro de cada cinco abortos en España continúan realizándose en la sanidad privada. También destaca que un incremento en la cobertura pública de comunidades como Madrid y Andalucía podría suponer un cambio cuantitativo relevante, ya que ambas concentran cerca de la mitad de las interrupciones practicadas en el país.Durante 2024 se llevaron a cabo 106.172 abortos en España. De ellos, 22.563 —el 21,25%— se realizaron en centros públicos, mientras que 83.609 —el 78,75%— tuvieron lugar en instalaciones privadas. La proporción de intervenciones en la red pública ha aumentado casi siete puntos respecto a 2019, cuando representaba el 14,3%, lo que implica un crecimiento relativo del 50% en la participación del sistema sanitario estatal.Diferencias de métodosEl estudio también recoge diferencias en los métodos utilizados. En comunidades con mayor peso de la red pública, como Cantabria o Navarra, predomina el método farmacológico, empleado en más del 70% de los casos. En cambio, en regiones donde la prestación depende de la sanidad privada, como Andalucía o Madrid, prevalece el método quirúrgico, que alcanza el 86% y el 94% de las intervenciones, respectivamente.Según el Ministerio, esta divergencia evidencia que el modelo asistencial condiciona tanto el acceso a la prestación como el tipo de procedimiento disponible. El documento subraya que la falta de integración del aborto en el sistema público influye directamente en la autonomía de las mujeres y en la equidad territorial del servicio.El informe concluye que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la red pública supone una doble privatización: al situarla en el ámbito privado y al desvincularla del Sistema Nacional de Salud. Esta exclusión, según el análisis, refuerza el estigma social y limita la libertad de elección, además de fragmentar la atención sanitaria de las mujeres que deben acudir a centros ajenos a su entorno habitual.