La Fiscalía ha pedido esta tarde, una vez más, el archivo de la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo profesional y apropiación indebida, y ha cargado contra el juez Juan Carlos Peinado que la mantiene abierta, haciéndole autor de «hipótesis fabulosas». El representante del Ministerio Público, José Manuel San Baldomero, ha presentado un escrito ante el magistrado en el que considera que «se ha hablado de tráfico de influencias con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos». Lo ha hecho antes de comparecer en el Juzgado de Instrucción 41 en la vistilla a la que Peinado ha convocado a Fiscalía, acusaciones y defensas para transmitirles la continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado y pedir a todos sus alegaciones. La vista ha comenzado a las 17.30 horas y se ha prolongado durante más de tres. El juez ha escuchado al fiscal, posteriormente ha dado voz a las acusaciones, representadas por Hazte Oír, que han relatado los indicios de los cuatro delitos que ven contra los investigados y han vuelto a solicitar al magistrado que Pedro Sánchez, declare como testigo. En último lugar, las defensas han pedido el sobreseimiento de la causa. Con el acto de esta tarde, el juez Juan Carlos Peinado avanza en la pieza principal de la causa para encauzarla -como en el caso del delito de malversación- para que llegado el momento sea juzgada por un jurado popular, ante el que se sentarían tanto Gómez como su asistente -Cristina Álvarez- y el empresario Juan Carlos Barrabés. Ninguno de los tres acudió al juzgado. El juez imputó inicialmente a la esposa de Sánchez en 2024 el delito de tráfico de influencias. Durante la instrucción, que en abril cumplirá un año, se ha abordado si ella progresó en su carrera profesional, en el ámbito universitario, a raíz de que su marido llegase a La Moncloa. Así, el juez ha abierto distintas líneas de investigación, desde la puesta en marcha de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigió después de recibir en el Palacio de la Presidencia al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, hasta el registro de un dominio que no estaba alojado en la web del centro universitario, motivo por el que se sumó a la causa el delito de apropiación indebida contra ella. Ayer, en el escrito con el que ha solicitado el sobreseimiento, el fiscal del caso expuso que «más allá de consideraciones éticas o estéticas (...) la mera relación conyugal de Gómez no puede operar como una suerte de presunción (...) que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia penal en toda su actividad». «Y es lo que no hemos advertido: influencia, que puede ser, directa, con órdenes e indicaciones expresas; o de forma más indirecta -sutil, velada, sibilina, se nos dice por la jurisprudencia-, pero que debe existir y debe ponerse de manifiesto a través de qué comportamiento, cómo, cuándo, dónde, sobre quién se ha ejercido el prevalimiento», ha aseverado. La Audiencia Provincial puso en el centro del tráfico de influencias a Barrabés, el empresario que ayudó al desarrollo de la cátedra, para el que ella firmó cartas de recomendación y que recibió contratos de la empresa pública Red.es. La Fiscalía Europea investiga, en paralelo, si hubo irregularidades en la adjudicación de esos contratos a la compañía del empresario.