Congreso avanza en proyecto para acelerar proyectos de energías limpias en Colombia: ¿es viable?. Imagen: PixabayEl Senado de la República de Colombia avanza en el estudio de un proyecto de ley que podría marcar un antes y después en la política ambiental y de energía en el país. ¿De qué se trata?El 4 de junio de 2025, la propuesta pasó a segundo debate en la plenaria del Senado: esta tiene por objetivo central crear una licencia ambiental diferenciada para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), así como para obras de transmisión y distribución eléctrica y transporte de gas natural por gasoducto.Esto busca simplificar los procedimientos, reducir los tiempos y unificar trámites para acelerar la implementación de proyectos clave en la transición energética de Colombia, sin debilitar los mecanismos de evaluación ambiental.Un licenciamiento más ágil para proyectos estratégicosEl eje principal del proyecto es la creación de una licencia ambiental diferenciada, que pretende hacer más expedito el trámite de licenciamiento para las iniciativas de energías limpias y su infraestructura asociada.Según el texto de la iniciativa, el procedimiento iniciaría con la radicación de la solicitud y el acto administrativo de inicio. En los cinco días hábiles siguientes, la autoridad ambiental deberá verificar si el estudio ambiental cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, y podrá realizar una visita técnica si lo considera necesario.Recomendado: Millones de usuarios de Air-e en la costa Caribe no vieron reducción en tarifas de energía, pese a anuncios del GobiernoA continuación, en un plazo máximo de dos días hábiles, podrá convocar a una reunión única para solicitar información adicional.El interesado tendrá 15 días hábiles para responder y, una vez completado el expediente, la autoridad dispondrá de otros 15 días hábiles para expedir la resolución que otorgue o niegue la licencia.En total, el trámite podría resolverse en menos de 40 días hábiles, un tiempo considerablemente menor al de los procedimientos actuales.Hoy en día el tiempo para obtener una licencia ambiental en Colombia varía: la ANLA tiene 90 días hábiles para nuevos proyectos y 60 días hábiles para modificaciones de licencias existentes, según el Decreto 1076 de 2015, pero estos plazos pueden extenderse por requerimientos de información o procesos como consultas previas y audiencias públicas, que pueden llevar el trámite completo a varios meses.Vale decir que el proyecto -impulsado por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo- de ley propone, además, modificar el Decreto 1076 de 2015, que compila las normas del sector ambiental, con el fin de excluir del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) el tendido de nuevas líneas del Sistema de Transmisión Nacional (STN) asociadas a proyectos de energías renovables, siempre que estas no superen los 30 kilómetros y no se superpongan con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).Asimismo, plantea integrar dentro del mismo trámite de licenciamiento la sustracción de áreas de reserva forestal, evitando que los desarrolladores deban tramitar permisos adicionales ante el Ministerio de Ambiente o las corporaciones autónomas regionales.Bajo esta nueva estructura, el Ministerio emitiría un concepto en un plazo de 15 días hábiles, lo que facilitaría un procedimiento unificado, rápido y transparente.Un tercer cambio propuesto se relaciona con la intervención de vegetación necesaria para la construcción y mantenimiento de infraestructura de servicios públicos.Recomendado: CREG ajusta reglas para la contratación directa de energía para empresas bajo intervención estatalEl proyecto propone crear un permiso general con vigencia durante toda la vida útil de la obra, cuyo trámite no podría exceder 100 días hábiles. Este punto busca evitar que la tala o manejo de vegetación se convierta en un cuello de botella para proyectos estratégicos.“El trámite ambiental no puede seguir siendo un cuello de botella”En conversación con Valora Analitik, María Camila Aponte, abogada de la firma Holland & Knight, destacó que esta propuesta responde a la necesidad de agilizar la aprobación de proyectos energéticos, especialmente en un contexto donde el país busca acelerar la incorporación de energías limpias.“La creación de una licencia ambiental diferenciada agilizaría el desarrollo de proyectos de energías renovables al establecer procedimientos abreviados, plazos perentorios y la unificación de trámites. Si bien el trámite ambiental es uno de los cuellos de botella, no deben dejarse de lado los retos sociales, como la consulta previa”, explicó Aponte.Según la especialista, un trámite abreviado permitiría acelerar la construcción y operación de la infraestructura esencial para la transición energética, contribuyendo a las metas de descarbonización y diversificación de la matriz energética.Ahora bien, una de las preocupaciones que ha surgido frente a la iniciativa es el posible riesgo de reducir el control ambiental por cuenta de los procesos más rápidos. Sin embargo, Aponte considera que el proyecto mantiene salvaguardas suficientes:“El proyecto busca mitigar este riesgo manteniendo la exigencia de estudios ambientales y permitiendo visitas técnicas por parte de la autoridad. Además, la integración de trámites evita duplicidades y mantiene la supervisión ambiental en una sola entidad con información completa”, añadió.La abogada también resaltó que esta propuesta abre oportunidades para inversionistas nacionales y extranjeros, al reducir la incertidumbre regulatoria y los tiempos de espera. Esto fortalecería la seguridad jurídica y facilitaría la llegada de capital privado a proyectos de energías limpias, transmisión y transporte de gas.Respecto a la exclusión de proyectos de transmisión menores a 30 kilómetros del diagnóstico ambiental de alternativas, Aponte aclaró que esta medida no implica una reducción del control ambiental, ya que se aplica únicamente a proyectos de escala reducida y sin afectación a áreas protegidas.Aun así, recomendó implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo que garanticen la adecuada gestión de los impactos acumulativos o locales.Recomendado: Sigue el ‘tire y afloje’ entre el ministro de Minas y Acolgen en medio de debate por precios de la energíaUn paso más hacia la transición energéticaEl proyecto de ley colombiano sigue la tendencia internacional de simplificar los trámites ambientales para acelerar la transición energética, como ya ocurre en países de la región que implementan procedimientos abreviados para proyectos estratégicos.“El proyecto se encuentra en línea con las tendencias internacionales y no pone en riesgo los compromisos del país frente al Acuerdo de París ni la meta de carbono neutralidad a 2050. Por el contrario, busca incentivar la transición energética y contribuir al cumplimiento de esos objetivos”, concluyó Aponte.Si el proyecto logra convertirse en ley, Colombia contaría con un marco normativo más ágil y moderno para impulsar la expansión de las energías renovables, uno de los pilares de su política energética y ambiental.Con procedimientos abreviados, trámites unificados y plazos claros, la propuesta representa una oportunidad para destrabar proyectos estratégicos que hoy enfrentan largos procesos administrativos.No obstante, el reto será mantener el equilibrio entre agilidad y rigor técnico, asegurando que el impulso a la inversión y la transición energética se acompañe de una adecuada protección ambiental.Lea aquí todo el proyecto de ley.PL3052024S (Licencia Ambiental Diferenciada) (1)Descarga