El 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental en un contexto que hace más urgente que nunca esta reivindicación. Vivimos una época marcada por la soledad, la desconexión emocional y una epidemia silenciosa derivada del uso abusivo de las redes sociales, la deshumanización de nuestras ciudades y el bombardeo constante de estímulos. Esta crisis afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes, quienes crecen en un entorno cada vez más hostil para su desarrollo y bienestar emocional y físico.El reconocimiento constitucional: una protección insuficienteEn España, el derecho a la protección de la salud física y mental aparece recogido en el artículo 43 de la Constitución, dentro del capítulo de principios rectores de la política social y económica. Sin embargo, esta ubicación tiene consecuencias jurídicas importantes: no se considera un derecho fundamental en sentido estricto.El Tribunal Constitucional ha interpretado tradicionalmente que el derecho a la protección de la salud es un principio rector de carácter prestacional, es decir, está condicionado a la disponibilidad de recursos económicos. Si bien, a la salud en sentido estricto lo ha reconocido como un derecho vinculado con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15. Esta distinción técnica esconde una realidad preocupante: la protección de la salud mental queda supeditada a consideraciones presupuestarias, cuando debería ser una prioridad garantizada por el Estado y las comunidades autónomas.La salud mental como pilar de todos los derechosReducir la salud mental a una cuestión económica es un error conceptual grave. La salud mental no es complemento: es el cimiento sobre el que se construye nuestra capacidad de vivir con dignidad, tomar decisiones, participar activamente en la sociedad y ejercer todos los demás derechos.Cuando una persona no tiene acceso a una atención adecuada en salud mental, ya sea por la falta de servicios, el estigma social o condiciones estructurales adversas, su autonomía, su bienestar y su capacidad de desarrollo se ven profundamente limitadas.Sin salud mental, el ejercicio real de derechos como la libertad, la igualdad o la participación democrática se convierte en una ilusión. La dignidad humana pierde sustancia cuando no se garantiza el bienestar psíquico de las personas. Por ello, la salud mental debe ser reconocida como un derecho humano fundamental, con todas las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas que ello conlleva.El marco internacional: un derecho humano universalA nivel internacional, la salud mental está reconocida como un derecho humano universal. Esto significa que todas las personas, sin distinción de sexo, etnia, situación económica o cualquier otra circunstancia personal, deben tener garantizado el acceso al más alto nivel posible de bienestar mental.Este derecho implica no solo la protección frente a factores que amenacen la salud mental, sino también el acceso a servicios accesibles, dignos, de calidad y apropiados. Además, incluye el derecho a vivir con autonomía, libertad, con opciones de ganarse la vida dignamente y con plena integración en la comunidad.Una crisis que no podemos ignorarLos datos hablan por sí solos: una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, con consecuencias directas sobre su salud física, sus relaciones y su calidad de vida. Esta realidad afecta de forma creciente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes navegan la complejidad del mundo digital sin herramientas adecuadas para gestionar el autocontrol, la ansiedad, la comparación constante y la fragmentación de la atención. Unicef y OMS enfatizan que el 70% de trastornos adultos inician en adolescencia, haciendo urgente la intervención temprana.Las mujeres, además, enfrentan una carga desproporcionada de estrés, ansiedad y agotamiento físico y emocional, frecuentemente invisibilizada por los roles de cuidado familiar, la presión social y la desigualdad estructural que persiste en nuestra sociedad. El desempleo, la precariedad, la doble jornada, la brecha salarial, la carga mental, la violencia machista, el agotamiento extremo son factores que impactan directamente en la salud mental femenina, sin que exista una respuesta institucional adecuada del problema. La investigadora Laura Sagnier pone cifras y dice que “seis millones de mujeres en España viven agotadas”. Y es evidente que esto no es vida.Una emergencia sanitaria que afecta a la infancia y adolescenciaLos datos sobre la salud mental de los más jóvenes son devastadores y exigen una respuesta inmediata. En España, la prevalencia de trastornos mentales en la infancia y adolescencia ha aumentado drásticamente en la última década. El Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia 2023-2024 de Unicef revela que el 41% de los adolescentes —cuatro de cada diez— ha experimentado o cree haber tenido un problema de salud mental en los últimos doce meses. Un 4,4% de los menores refiere haber sufrido acoso escolar, un 1,8% ciberacoso y más del 50% ha vivido violencia en la infancia; estas cifras son peores en las niñas que en los niños.Pero lo más alarmante no son solo las cifras de prevalencia, sino el silencio que rodea al sufrimiento: más del 33% de estos niños y jóvenes no ha hablado con nadie sobre su situación, y el 50% no ha buscado ayuda profesional. Este silencio agrava el estigma y profundiza las brechas de atención.El Estudio HBSC 2022 del Ministerio de Sanidad y la OMS documenta un aumento del 11% en el malestar psicosomático —dolores de cabeza, problemas de sueño, irritabilidad— desde 2018, afectando al 20% de los adolescentes de 11 a 18 años. Además, el 19% ha tenido ideas suicidas, y el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. En la Unión Europea, el suicidio fue la primera causa de muerte en personas es este mismo segmento, con 5.038 fallecimientos, según datos del 2021Las hospitalizaciones por depresión han crecido un 122% desde 2016, pasando de 662 a 1.473 en 2023. Aún más dramático es el aumento de los trastornos de conducta alimentaria: un incremento del 1.500% en niños y niñas, de 1.257 casos en 2011 a 20.733 en 2023. Y los casos de incongruencia de género en menores, donde las derivaciones y casos atendidos han aumentado entre un 500% y 4.000% en la última década; sin que se pueda indagar las causas del malestar con el cuerpo porque la ley trans lo prohíbe y el Congreso pretende penalizarlo en el Código Penal. Estos datos están alineados con tendencias europeas, donde el Informe Cass (2024) ha reportado aumentos exponenciales similares (hasta 4.400% en el Reino Unido para adolescentes). Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas que sufren, familias que se rompen, sociedades que colapsan en un futuro comprometido.El deber del Estado de garantizar la salud mentalProteger la salud mental de todas las personas no es solo una necesidad sanitaria individual, es un acto de responsabilidad colectiva, justicia social y un imperativo de derechos humanos que debe garantizarse efectivamente. Necesitamos abrir espacios seguros para hablar sobre cómo nos sentimos, acompañarnos sin juzgar, fortalecer nuestros vínculos afectivos y, fundamentalmente, exigir políticas públicas robustas, dotadas presupuestariamente y sostenidas en materia de salud mental.En esta época de desconexión emocional, soledad sistémica, distracción permanente en las redes y deshumanización de los entornos, reconocer la salud mental como un derecho fundamental exigible no puede seguir siendo una asignatura pendiente. De ello depende no solo nuestro bienestar individual, sino la salud democrática de nuestra sociedad. Porque cuando cuidamos la salud mental, protegemos la base misma de todos los demás derechos, y eso, literalmente, salva vidas y salva la sociedad.