El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad con los consejeros autonómicos, aprobó por unanimidad el pasado diciembre un protocolo para crear dichos registros obligatorios por leyAyuso rechaza hacer el registro de médicos objetores que establece la ley: “Váyanse a otro lado a abortar Isabel Díaz Ayuso ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno con el aborto. Tras varios días de declaraciones ambiguas, la presidenta regional confirmó este jueves que no pondrá en marcha el registro de médicos objetores que marca la ley aprobada en 2023. La medida, establecida para conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención, ya estaba además acordada en lo que se refiere a la letra pequeña de cómo ponerla en marcha entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Incluida Madrid. El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.voto Tras aquella reunión, el consejero de Sanidad de Castilla y León, que actuaba como portavoz de los dirigentes del PP, confirmó que se había “llegado a un acuerdo” solo a expensas de que se revisaran varias sentencias del Tribunal Supremo “para tener ese registro en las mejores condiciones”. “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, espetó Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid este jueves, donde acusó al Gobierno de promover el aborto y aseguró que estaba en su mano “evitarlo”. “Váyase a otro lado a abortar”, terminó diciendo la dirigente regional mirando a la bancada de Más Madrid. La respuesta llega tres días después de recibir una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otras tres comunidades, requiriéndole una puesta en marcha del registro de objetores en un plazo de tres meses. Pedro Sánchez, tras la negativa, ha advertido al Ejecutivo regional de que llegará al Constitucional “si hace falta” para hacer cumplir la ley. “Está diciendo que no va a cumplir una ley y el voto que emitió aquí”, ha respondido también la ministra de Sanidad, Mónica García, en referencia al Consejo Interterritorial de diciembre. Hasta alcanzar este punto, tanto la propia Ayuso como su consejera de Sanidad han hecho declaraciones abiertamente confusas a lo largo de la semana. La presidenta autonómica aseguró, nada más recibir el requerimiento, que iba a tomarse su tiempo para responderlo. Matute, por su parte, ha sido crítica desde el principio con el registro, al que definió como un “ariete político”, pero nunca ha llamado a la insumisión a la ley. De hecho, unos días atrás, pese a mostrarse disconforme con la medida por “inútil y punitiva”, afirmó que la Comunidad de Madrid iba a “cumplir la ley”. El registro de médicos y médicas objetores se planteó en la reforma de la ley del aborto de 2023 como manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escudaran en una supuesta objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Madrid es una de las cinco regiones, junto con Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, que practican menos del 1% de estas intervenciones en los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los últimos datos, correspondientes a 2024. Qué se acordó Cómo crear estos registros está descrito en un protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades (también Madrid). Hay unas normas muy claras y una de ellas es la protección de quienes deciden no realizar abortos por razones ideológicas. El registro debe contar con los “datos estrictamente necesarios” de los profesionales para “realizar la planificación y gestión necesarias de los recursos humanos”(el nombre, el sexo, el DNI, el correo o el centro de trabajo) y podrá ser consultado “exclusivamente” para garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública. Pese a ello, Ayuso acude al “estigma” y al “señalamiento” de los médicos como un argumento para oponerse a lo que marca la ley. La postura de Ayuso se encuadra dentro de la reciente ofensiva contra el aborto abierta por el Partido Popular. Hace una semana el Ayuntamiento de Madrid, que el PP lidera con mayoría absoluta, apoyó una proposición de Vox que reconocía un inexistente “síndrome postaborto” usado para intimidar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, algo que prohíbe expresamente la ley. Génova, que respaldó inicialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después tuvo que reconocer que este supuesto síndrome en realidad no existía. Y ante el frente abierto por Ayuso, el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una carta que reitera su apoyo al aborto “conforme a las leyes”.