Los diputados aprobaron la reforma a la Ley Aduanera de Claudia Sheinbaum. Fue presentada como una herramienta para frenar el contrabando y fortalecer la recaudación. Sin embargo, lo más llamativo no es lo que incluye… sino lo que deja fuera.En plena cruzada contra el llamado huachicol fiscal, la reforma no incorpora medidas específicas para combatirlo. Una omisión que calificaría como una oportunidad perdida para cerrar una de las fugas más costosas de dinero público.REFORMA ADMINISTRATIVALa reforma modifica más de 60 artículos y actualiza el funcionamiento de las aduanas. Endurece las reglas para los agentes aduanales, elimina exenciones y los hace corresponsables de los impuestos que se paguen o evadan.También impone certificaciones periódicas, limita la vigencia de las patentes y crea un Consejo Aduanero encabezado por la Secretaría de Hacienda y el SAT.La justificación oficial es modernizar las aduanas, digitalizar procesos y aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos. En un país donde las aduanas mueven más de 1.3 billones de pesos al año, suena razonable.Pero la oposición vio otra cosa: una ley que complica el comercio internacional, pero deja intacta la corrupción pública.EL FANTASMAEl huachicol fiscal es el contrabando de combustibles que evade impuestos, simulando importaciones de otros productos con menos carga tributaria. Un fraude que, según la Procuraduría Fiscal, ha costado más de 600 mil millones de pesos en seis años. Es el robo del siglo donde no se perforan ductos, sino las finanzas públicas.Paradójicamente, la reforma llega justo después de que la Marina reconoció que parte de ese fraude operó dentro de las aduanas, bajo control militar. Hubo mandos navales implicados en el ingreso ilegal de combustibles, y el gobierno prometió llegar hasta las últimas consecuencias.Sin embargo, la nueva ley no toca ese punto: mantiene el control militar y no agrega mecanismos para prevenir o castigar a funcionarios coludidos.Al contrario, con los marinos al mando, las redes internas permanecen y la reforma apunta a los intermediarios, no a quienes realmente abren la puerta del fraude.TRÁMITES, NO SOLUCIONESLos agentes aduanales deberán presentar más documentos, certificarse y asumir multas más altas. Pero ningún artículo sanciona a los funcionarios corruptos.“Esta ley no combate la corrupción, la encubre”, lanzó Federico Döring en tribuna, mientras levantaba un bidón con la leyenda “Huachicol fiscal”.Para el sector privado, el riesgo es otro: que tanto control ralentice el comercio y eleve los costos. Las maquiladoras advierten que las nuevas reglas pueden “entorpecer operaciones” y afectar la competitividad.Aun así, Sheinbaum celebra la reforma como el inicio de una nueva era de recaudación. Hacienda calcula que, sólo en 2025, las aduanas aportarán 1.3 billones de pesos.Pero los críticos responden: si el gobierno busca ingresos extraordinarios, ¿por qué dejar fuera el fraude que más dinero le roba al país?OPORTUNIDAD PERDIDALa Presidenta tiene el contexto perfecto: mayoría legislativa, escándalos recientes, evidencia pública de corrupción. Todo alineado para enfrentar el huachicol fiscal desde el fondo. Pero optó por un cambio administrativo, no estructural.La reforma podrá ordenar papeles y digitalizar trámites, pero no desmantela la red que drena cientos de miles de millones del erario. Se apuesta por una ley para vigilar más… sin prevenir o castigar mejor.EL DATO INCÓMODOEl IMSS reportó 116 mil nuevos empleos formales en septiembre, pero el año sigue en números rojos: la creación en los primeros nueve meses cayó 27% en comparación de 2024. Además, se cumplen 17 meses seguidos perdiendo empresas.The post Ley Aduanera: oportunidad perdida first appeared on Ovaciones.