Doscientas treinta y siete. Este es el total de iniciativas que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha relativas a la política de menores extranjeros no acompañados (Menas) en la región. Un tema que «traeremos tantas veces como necesitemos» al tratarse «de unas principales preocupaciones de los castellano-manchegos». Así lo ha defendido este jueves en la Cámara, el presidente del Grupo parlamentario Vox, David Moreno, quien ha vuelto a exigir a la Junta de Castilla-La Mancha que ofrezca los datos «reales» de la cuantía a la que asciende la factura real de acoger y mantener a los menas, tanto en centros públicos como privados, de la región. «Exigimos transparencia inmediata en las cifras del coste por plaza, número de centros concertados, entidades gestoras y partidas presupuestarias utilizadas», ha manifestado Moreno, quien ha añadido, que la Junta mantiene «los datos ocultos, lo que impide saber dónde van realmente los recursos públicos». Asimismo, el presidente del Grupo parlamentario ha sostenido que mientras las familias castellano-manchegas «luchan por llegar a fin de mes, no son capaces de pagar sus hipotecas o desesperan ante los retrasos de ayudas básicas, se prioriza un modelo de acogimiento a ilegales que perjudica y discrimina a los españoles». Criticó que el Gobierno de Castilla-.La Mancha «está regando» con millones de euros a las «mafias y entidades que se enriquecen con la acogida masiva de inmigrantes ilegales, favoreciéndose proceso de inmigración ilegal desbordados en el tiempo y en el espacio». Un «problema de extrema gravedad» que lo único que está consiguiendo es reforzar el efecto llamada. . La consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano, que intervino en el debate, respondió a Moreno asegurando «que siempre rendimos cuentas» y «respuestas le damos, otra cosa es que a usted no le valga». «Lo único que hace es utilizar este tema como campaña electoral constantemente para incitar al odio y ganar adeptos». Un discurso con el que coincidió el portavoz socialista de Bienestar Social Pablo Camacho, que aseguró que «nuestro discurso es claro» y es «actuar de forma solidaria y con la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, la coordinación con el Gobierno de España y con la Unión Europea, y, por supuesto, con medidas reales de integración social». Camacho reivindicó la «moderación, responsabilidad y políticas públicas» del Gobierno de Castilla-La Mancha frente a los discursos de «odio y el racismo» de Vox, con la complicidad del PP, que permanecen «callados» cuando Vox propone medidas que «rozan la ilegalidad y el desprecio a los derechos humanos». Añadió que la inmigración es «un componente imprescindible» para la economía española. «Trabajan en muchos sectores donde no hay mano de obra suficiente como el campo, la construcción, la hostelería o el cuidado de nuestros mayores». Finalmente, el parlamentario del Partido Popular, José Martín-Buro, denunció que la gestión de los menores migrantes no acompañados «no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos, instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas». Asimismo, reclamó que «se continúe reforzando el sistema público de centros y hogares para la atención a menores, con el objetivo de prestar una atención integral con los apoyos necesarios en cada caso». Y lo hagan, «aumentando el presupuesto de la Junta para atender a los menores que hoy mismo, se encuentran en el sistema de protección de nuestra región».