Todavía no está terminado el procedimiento. Pero en el Consejo General del Poder Judicial dan por seguro desde el pasado julio que el sustituto de Inmaculada Iglesias, la instructora a la que correspondió el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, será Antonio Viejo, un juez muy apreciado entre sus compañeros, exdecano de los jueces de Madrid y ex secretario General de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman que casi con total seguridad, la comisión permanente aprobará su nombramiento –que no es discrecional y se decide únicamente por criterios de antigüedad– este mes de septiembre al frente del Juzgado de Instrucción 19 de la capital. Viejo tomará los mandos de la investigación abierta a Alberto González Amador y, si su defensa no lo recusa por su breve etapa en el Ejecutivo, será quien instruya la pieza separada sobre una supuesta comisión a un directivo de Quirón, principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid.Iglesias, la anterior instructora, pidió jubilarse a los 65 años pese a que jueces y magistrados pueden alargar su carrera en activo hasta los 72. La fecha de retiro le llegó a mediados de agosto, pero antes dejó terminada la pieza principal que dio origen al caso: la investigación por dos delitos fiscales y falsedad en documento mercantil denunciada por Hacienda a la Fiscalía. González Amador, a través de su sociedad Maxwell Cremona, dejó de pagar en los ejercicios de 2020 y 2021 350.951 euros por el Impuesto sobre Sociedades. Para perpetrar el fraude, además, supuestamente presentó facturas falsas por 1,7 millones para lograr una desgravación, pero la Agencia Tributaria advirtió la operativa y, al superar lo defraudado el límite de 120.000 euros, denunció ambos presuntos fraudes ante el Ministerio Público como delito. A finales del pasado mayo, la jueza propuso mandar a juicio al empresario, para el que el fiscal solicita tres años y nueve meses de cárcel. A falta de que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta última decisión de Iglesias, lo previsible es que Viejo, su sustituto al frente del juzgado, no tenga que practicar ninguna diligencia adicional en esta pieza. Fuentes fiscales explican que, al proceder de una inspección tributaria, la causa venía ya prácticamente investigada desde Hacienda. El último trámite a realizar por el juzgado y que sí puede corresponder al nuevo titular es el auto de apertura de juicio oral, que contiene las conclusiones de la fiscalía y del resto de partes, así como las pruebas a practicar en la vista. Desde ese momento, el caso pasará al Juzgado de lo Penal que corresponda, que celebrará el juicio y, en última instancia, dictará sentencia. Fuentes fiscales aseguran que lo normal en este tipo de procesos es que el acusado acepte pactar con la fiscalía para lograr una sentencia de conformidad que reduzca la pena. Sin embargo, el escenario judicial del novio de Ayuso es mucho más complicado que eso. Iglesias, con el aval de la Audiencia de Madrid, acordó abrir una pieza separada por una supuesta comisión ilegal abonada por González Amador a la esposa de un directivo de Quirón. Esta segunda investigación tiene mucha más carga política, al tratarse de uno de los principales contratistas sanitarios de la Comunidad de Madrid, que además gestiona varios hospitales públicos. La pareja de la presidenta madrileña pagó casi medio millón de euros a la esposa del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, por la compra de una sociedad sin inmuebles ni maquinaria, es decir, sin valor. La anterior instructora y el fiscal consideraron que, con esa operación, pudo encubrir un presunto soborno al directivo del gigante hospitalario. Iglesias le imputó los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.Es esta pieza separada donde Antonio Viejo, el más que probable nuevo instructor, tendría que entrar de lleno si finalmente es nombrado titular del juzgado. Eso si los abogados de González Amador no deciden recusarlo. Tanto la pareja de Ayuso como la propia presidenta madrileña y el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, no han perdido la ocasión de dibujar la causa como una persecución política del Gobierno por su relación con la dirigente del PP. La causa abierta en el Supremo contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como supuesta fuente del desmentido de un bulo difundido por el entorno de Ayuso (algo que García Ortiz niega taxativamente y de lo que, hasta el momento, no hay ninguna prueba) ha sido aprovechada por la jefa del Ejecutivo madrileño para abonar esta supuesta conspiración contra ella y su compañero.Sin embargo, según varios jueces consultados, apartar a Viejo no será fácil. En primer lugar, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial solo establece como causa de recusación el haber ejercido un cargo público si al hacerlo se participó "directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito", algo que, con toda seguridad. no ha ocurrido en el caso del futuro titular, que dejó la Secretaría General de Justicia a principios de 2020. O si, desde ese puesto, hubiera podido "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad". La inspección abierta a González Amador se desarrolló durante el año 2023 y corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando Viejo ya estaba fuera del Gobierno. Otros magistrados recuerdan que el criterio decisivo, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es garantizar "la apariencia de imparcialidad" del juez o magistrado al mando.Existe una última razón mucho más práctica por la que la pareja de la presidenta madrileña podría intentar apartar del caso a Viejo: el deseo de alargar el proceso con el objeto de ganar tiempo. Las recusaciones contra jueces de instrucción las resuelven las Audiencias Provinciales, en este caso la de Madrid, que suele tardar varios meses en adoptar una decisión. González Amador ya ha intentado dilatar previamente la instrucción posponiendo su declaración como imputado ante la anterior instructora en al menos cinco ocasiones. Antonio Viejo es un juez muy valorado entre sus compañeros. Ese aprecio se tradujo en un voto masivo en 2014, cuando se postuló como decano de los juzgados de Madrid –el partido judicial más grande de España– en una elección en la que barrió con 115 votos frente a los 42 y 26 de sus rivales. Pese a su paso por un Ejecutivo socialista, pertenece a la asociación mayoritariamente conservadora Francisco de Vitoria, la segunda en número de asociados y que, junto a otros colectivos de derechas, apoyó la huelga del pasado julio contra las reformas judiciales del Gobierno de Sánchez. Su puesto en el ministerio era de escaso perfil político. Su cometido era canalizar las relaciones entre Justicia y la carrera, así como la dotación de medios materiales y personales de las comunidades que no han asumido las competencias de Justicia.