La vivienda nunca ha estado entre las prioridades de Vox. El partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal está más cómodo con temas como la inmigración, la seguridad, la natalidad, las bajadas de impuestos, el campo o la unidad nacional. Pero la crisis habitacional, la subida de los alquileres y la expulsión de amplias capas sociales de los grandes núcleos urbanos han convertido el problema del acceso a la vivienda en un terreno demasiado relevante como para dejarlo fuera de su ofensiva política.Los de Abascal han decidido entrar en esa batalla sin renunciar a su marco ideológico de defensa del mercado, la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado por la derecha para criminalizar a los inquilinos— y con los migrantes como el principal problema para el acceso a la vivienda. Desde hace unos meses, la formación trata de unir sus postulados clásicos con otros más sociales, pero siempre con un lema por delante: prioridad para los españoles en ayudas, acceso y protección frente a inmigración de carácter irregular y los compradores extranjeros.Esta operación política tiene dos rostros. Uno es José María Figaredo, portavoz económico y representante de la vena neoliberal más reconocible del partido. El otro es Carlos Hernández Quero, un perfil ascendente al que Vox ha situado como portavoz de vivienda y cuyo discurso se ha comparado con el de la francesa Marine Le Pen porque añade a la receta económica habitual una capa identitaria. Entre ambos se reparte una estrategia que busca disputar el malestar social sin romper con los intereses de quienes se benefician del modelo inmobiliario vigente, con propietarios, promotores y grandes patrimonios a la cabeza.El portavoz de vivienda, sin embargo, habla menos de bajar impuestos y más de expulsar a migrantes. Menos de eficiencia del mercado y más de saturación de servicios. Menos de desregular y más de identidad nacional. En ese discurso, los extranjeros aparecen como quienes presionan la vivienda, colapsan servicios públicos y erosionan la comunidad nacional.Hernández Quero no es una figura menor dentro del partido. Doctorado en 2020 con una tesis titulada El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflictos en los suburbios de Madrid (1880-1930), que analiza por qué la corona metropolitana madrileña acabó convertida en el llamado "cinturón rojo", se presenta como una persona "de barrio" que busca que el sur madrileño pase a teñirse del verde de Vox. Su ascenso interno le ha reforzado internamente. Designado portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, entró en febrero en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el máximo órgano de dirección entre congresos y uno de los espacios donde se deciden las listas electorales. Aunque, según los críticos, el único que manda ahí es el propio Abascal y su corte.Su ascenso se ha interpretado como parte de un intento de dar al partido una apariencia más "social", más pegada a los problemas materiales de las clases populares. Pero ese supuesto giro tiene un límite nítido: la protección que se ofrece no es universal, sino nacional. El ultraderechista no está en contra de la intervención del Estado en materia de vivienda, como sí defiende Figaredo, pero sí lo restringe a los españoles, los únicos que, desde esa lógica, serían merecedores de amparo por parte de las administraciones.En sus mensajes recientes, Hernández Quero combina tres ideas: que faltan casas porque se construye poco y se regula demasiado, que esa escasez se agrava con la inmigración y la compra extranjera y que la salida pasa por construir más, densificar el suelo urbano y dar prioridad al "comprador nacional". El ultraderechista también aborda el concepto de "densificación" o "redensificación", en referencia a levantar más vivienda en ciudad ya hecha —más altura, más bloques, más intensidad edificatoria—, un término que también utilizan dirigentes como el presidente catalán, Salvador Illa, aunque con un significado político distinto. En Vox sirve para apuntalar una agenda de liberalización urbanística y preferencia nacional, en el PSC va asociado a planificación sostenible."No tiene mucho sentido estar haciendo nuevos desarrollos de vivienda donde hay cuatro alturas, pista de pádel y piscina. Hay que pensar en la idea de densidad", explicaba el diputado de Vox en una reciente entrevista en en Quorvm Podcast, en la que también reflexionaba sobre la importancia del sentimiento de "pertenencia" en comunidad. Illa, por su parte, utilizó el término para defender más vivienda en zonas ya construidas y llegó a plantear elevar la densidad en 69 áreas estratégicas para crear 240.000 pisos. Aunque el verbo es el mismo, el concepto no lo es: en la tesis de Illa la densificación está asociada a planificación, sostenibilidad, parque asequible, reutilización de suelo y equilibrio territorial. En el caso de Hernández Quero, forma parte de una agenda de liberalización urbanística, con más oferta y menos trabas para las "familias españolas" que son las que forman "comunidad".Con todo, la convivencia entre Figaredo y Hernández Quero es pacífica. Al menos por ahora. Lo suyo es un coordinado no reparto de papeles. La corriente encabezada por el portavoz económico está centrada en reivindicar el liberalismo en su versión más dura: bajar impuestos, deshacer regulaciones y dejar al mercado ordenar la sociedad. Es la voz que sale en defensa de cualquier actor económico al que la intervención pública pueda incomodar. Su función política es blindar la ortodoxia neoliberal de Vox frente a cualquier intento de redistribución o de limitación de la acumulación. Figaredo sostiene que el problema de la vivienda no se arregla con intervención pública sobre los precios, sino con oferta, desregulación y estímulos a la compra.Esa es también la línea política de Vox en el Congreso. En una proposición registrada en febrero de 2025, la formación ultra reclamó reformas del suelo para facilitar la construcción, un entorno fiscal favorable a la compra, fórmulas como la venta a plazos, el alquiler con opción a compra y nuevas facilidades de financiación hipotecaria para jóvenes y rentas bajas. Sin embargo, Vox no contempla gravar las viviendas vacías, no apoya topar los alquileres ni tampoco plantea prohibir la venta de vivienda protegida. Es decir, no hay una impugnación del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario, ni una voluntad de recortar el poder de quienes concentran vivienda como activo de inversión. España, según el marco de Vox, expulsa ahorro, castiga la propiedad y dificulta la formación de familias porque el Estado recauda demasiado e interviene. Y todo es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.En el programa económico y de vivienda presentado en junio de 2025 por Figaredo y Hernández Quero, el partido resumió esa visión con una combinación de ampliación de suelo, simplificación administrativa, reducción "drástica" de impuestos y derogación de las medidas que, a juicio de la formación ultra, distorsionan el mercado del alquiler. La única medida dirigida al capital es la de "atajar la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero" mediante una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Así, para Vox, el problema no es que la vivienda se convierta en mercancía financiera, sino que los que compran sean extranjeros.¿Y qué hay de sus propuestas electorales? Si nos fijamos en las medidas en vivienda en las recientes elecciones en Castilla y León, Aragón o Extremadura, el marco de fondo encajan más con la visión neoliberal de Figaredo que con el nacionalismo social de Quero. El tronco sigue siendo rebaja fiscal, desregulación, propiedad, construcción y protección del propietario; la capa más nueva añade "familias españolas", prioridad nacional y rechazo a la inmigración.Mientras tanto, la "okupación" sigue ocupando un lugar central en el relato del partido, muy por encima de otros factores mucho más decisivos en la crisis habitacional. También aparece su visión demográfica y nacional de la vivienda. Vox insiste en promover hogares "en especial para familias españolas que tengan o vayan a tener hijos". No se trata simplemente de facilitar acceso residencial, sino de proteger una determinada idea de familia, reproducción social y comunidad nacional.Los datos de la opinión pública ayudan a entender por qué Vox intenta esa maniobra. La vivienda preocupa personalmente más a los electorados de izquierda que a los de derecha, según datos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre quienes votaron a Sumar, un 19,8% la señala como el problema que más le afecta; entre los votantes socialistas, un 15,1%. En cambio, entre los del PP ese porcentaje baja al 9% y entre los de Vox al 8,8%. En este electorado ultra pesan más la crisis económica y la inmigración. Precisamente por eso, el partido busca utilizar la vivienda como un puente entre malestar material y la xenofobia.