Presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 14 de enero de 2026. Imagen: PresidenciaEl presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que el gobierno prepara un paquete de medidas fiscales que enviará al Congreso de la República junto con un mensaje de urgencia.Además de una serie de medidas para disminuir el déficit primario (diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, sin incluir el pago de intereses de deuda), el texto insistiría en la figura de inversiones forzosas para el sector financiero.Ya el Banco de la República es objeto del análisis mundial de la economía.Es indudable que el paradigma económico neoliberal que busca ver la inflación como producto de la demanda monetaria y lleva al mundo a perder su política industrial, excepto en China, y empobrecer los… https://t.co/8yuHN4RmFc— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 1, 2026Previamente, el ministro de Hacienda había anunciado que en junio el Gobierno presentaría al Legislativo una propuesta de reforma tributaria, luego de tramitar dos que fueron rechazadas entre 2024 y 2025.“Queremos dejar un anticipo al próximo gobierno. Con un nuevo Congreso puede que sea posible garantizar una reforma tributaria que genere los ingresos necesarios para lograr la estabilidad fiscal de las finanzas públicas”, dijo.Por ahora se desconoce cuál es la meta a la que le apunta la nueva reforma tributaria y cuáles serán específicamente las medidas que se adoptarán para corregir el desbalance de las cuentas fiscales.Esta semana, el Banco de Bogotá reveló estimaciones de un elevado el déficit fiscal primario para este año de entre el 3 % y el 3,6 % del PIB, similar al del año pasado, que cerró en 3,5 % del PIB ($65,7 billones) y fue superior a las proyecciones del Gobierno, que eran de 2,4 %.Vuelven las inversiones forzosasDe acuerdo con el mandatario, con las inversiones forzosas se buscaría “garantizar crédito barato a la agricultura de alimentos y a la agroindustria e industria exportadora y de la economía popular”.Se trata de la tercera vez que se pone el tema sobre la mesa, el cual nació en 2024 con un proyecto de ley y contemplaba que los bancos pusieran montos cercanos a los $250 billones en líneas específicas de crédito.Hace apenas tres semanas el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el Gobierno había descartado la figura de inversiones forzosas como mecanismo para movilizar recursos del sector financiero hacia las zonas afectadas por la emergencia de inicio de año, luego de una serie de mesas de trabajo con los bancos.En su lugar se creó un acuerdo denominado Abrigo (Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades) que brindará alivios a los deudores en ocho departamentos declarados en emergencia: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.El Gobierno dijo que lo consideraba válido para una primera fase de atención inmediata, orientada a que familias y productores puedan seguir adelante con sus actividades en condiciones favorables. Ese día anunció una segunda fase de reactivación económica mediante decretos.En su momento, el gremio de los bancos argumentó que el sistema ya muestra dinamismo sin necesidad de imposiciones. Además, seis exministros de Hacienda (Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas) firmaron una carta en la que argumentaron que este tipo de iniciativas regulatorias han contribuido a la debilidad de la inversión en el país y podrían debilitar la estructura del sistema financiero nacional.Incluso Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó la medida como un instrumento de «represión financiera» que solo ha sido implementado recientemente en países con sistemas financieros débiles, como Venezuela y Bolivia. Los expertos señalan que la mayoría de las economías internacionales desmontaron estos esquemas tras constatar sus efectos negativos, como un aumento de las tasas de interés.El líder gremial señaló que la medida implica que el Gobierno decida qué hacer con una parte del ahorro privado de los colombianos (estimado en $800 billones en 36 millones de cuentas), lo que se traduce en «meterle la mano al bolsillo al ciudadano dos veces»—