El terreno pantanoso al que la pandemia relegó a la fiscalidad de las empresas sigue acarreando derivadas judiciales seis años después. La paralización de la actividad económica a la que obligó el estado de alarma por el covid llevó a numerosos negocios a reclamar a los ayuntamientos la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), tributo local que grava a sociedades con una facturación anual de al menos un millón de euros. Entre enero y febrero de este 2026, una lluvia de sentencias judiciales, a las que ha accedido EL PERIÓDICO, exigen a consistorios catalanes la devolución de liquidaciones del IAE en la cuantía proporcional al tiempo en que las empresas tuvieron que cesar su actividad. La preocupación de los consistorios no reside en las cuantías, ya que entre todas rondan el medio millón de euros e individualmente no suponen importes significativos para las arcas municipales. Sino en la veda de reclamaciones que puede abrir este precedente.Seguir leyendo....