Foto: Banco de la República.La estabilidad macroeconómica de Colombia atraviesa una crisis de gobernanza sin precedentes tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de forma indefinida de la Junta Directiva del Banco de la República.Esta decisión, tomada como un acto de protesta por el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés (situándola en 11,25 %) anunciado ayer —movimiento que contó con el respaldo del mercado y hasta las empresas—, ha encendido las alarmas sobre una posible parálisis operativa del emisor debido a las rigideces legales que exigen la presencia del jefe de la cartera de Hacienda para la validez de las sesiones.“Esto es una especie de boicot para tratar de impedir el funcionamiento de la junta del emisor. A este gobierno le gusta estar en la frontera de la legalidad, le gusta subvertir las normas, provocar crisis, señalar posiciones controversiales y es parte de su estrategia política y de colocar la agenda de opinión de los colombianos; el gobierno está más en su campaña de mantener la agenda pública y discutir con quienes no le dan la razón”, señaló el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.El marco jurídico que rige al Banco de la República no contempla su ausencia de manera simple. Según la Constitución Política y la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva está conformada por siete miembros, y el ministro de Hacienda no solo es uno de ellos, sino que debe presidirla.El punto más crítico reside en el artículo 35 de los Estatutos del Banco (Decreto 2520 de 1993), el cual estipula taxativamente que la Junta «solamente podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el ministro de Hacienda».En consecuencia, su inasistencia voluntaria actúa como un veto de facto, impidiendo que la junta pueda modificar las tasas de interés de intervención, aprobar el presupuesto anual del banco o sus estados financieros, afectando la transferencia de utilidades a la Nación y dictar regulaciones cambiarias o crediticias esenciales para la estabilidad del dólar.Respecto a la delegación, los estatutos y la ley son estrictos. Expertos señalan que el ministro no puede ceder su silla salvo por razones de fuerza mayor, como estar fuera del país o incapacidad médica. El gerente del BanRep, Leonardo Villar, recordó que, ante ausencias de fuerza mayor, es facultad del presidente de la República nombrar un ministro Ad Hoc.Posibles retrasos en el calendario de sesionesEventualmente, si el ministro decide deliberadamente no asistir se enfrentaría a una investigación disciplinaria de la Procuraduría que podría derivar en una suspensión del cargo. El excodirector Gerardo Hernández, quien además fue secretario de la Junta Directiva, explicó que en caso de que no se pueda llevar a cabo la sesión por la ausencia del representante de Presidencia habría que esperar a que se delegue a alguien más.Vale la pena mencionar que bajo algunas circunstancias se pueden convocar sesiones extraordinarias. La próxima reunión está programada para el jueves 30 de abril y dentro del orden del día está incluida la decisión de tasas de interés.El jurista Juan Manuel Charry coincidió en que, de mantenerse la inasistencia injustificada, la Procuraduría General tendría la obligación de abrir investigaciones disciplinarias por incumplimiento de funciones, lo que podría acarrear sanciones de suspensión o destitución. Por ahora, la entidad no se ha pronunciado.Sin embargo, también dijo que es responsabilidad del presidente Gustavo Petro hacer un nuevo nombramiento cuando haga falta y advirtió que también podría enfrentar sanciones por parte del Congreso de la República en caso de no hacerlo.También podría resultar involucrada la Corte Constitucional, que es la llamada a pronunciarse sobre el alcance de las leyes y que en otras ocasiones ha emitido sentencias relacionadas, por ejemplo, con que los miembros de la Junta Directiva deben representar exclusivamente el interés de la Nación y no los intereses particulares del gobierno de turno.Incluso hay riesgo de una demanda de inconstitucionalidad por omisión o por obstrucción de funciones públicas. “Si el Ministerio de Hacienda utiliza su asiento en la Junta para paralizar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, podría incurrirse en una extralimitación de funciones que obligaría a la Corte a permitir que la Junta sesione bajo condiciones de excepcionalidad”, anticipó Ricardo Valencia, CEO de la firma de análisis de datos Algebra.Choque de narrativasEl ministro Ávila justificó su retiro calificando de «irresponsables» las decisiones de la Junta, alegando que favorecen a un núcleo de inversionistas financieros sobre la economía real y el crecimiento del país. Incluso propuso convocar un foro público para discutir el papel del banco central y revisar la meta de inflación del 3 %.En contraste, el gerente Villar rechazó rotundamente que existan intereses particulares tras las decisiones. El funcionario enfatizó que la Junta actúa bajo un mandato constitucional explícito de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda.«El aumento de la inflación no es algo que podamos validar; las decisiones están tomadas para generar el beneficio de la estabilidad para todos los colombianos», afirmó el gerente, quien además advirtió que la ausencia del ministro incumple deberes legales claros.El exgerente Juan José Echavarría señaló que este episodio demuestra que se debería replantear la composición de la Junta Directiva del BanRep y considerar eliminar la presencia del ministro para blindarla de presiones políticas, tal como opera en Estados Unidos, Europa y la mayoría de países del mundo.Otros exmiembros que pidieron reserva de su nombre enfatizaron que la independencia del Banco de la República es un logro constitucional poderoso y un activo institucional que protege los derechos de la gente al tomar decisiones en función del beneficio general, lo cual está quedando demostrado en medio de episodios como el de la Junta Directiva del 31 de marzo.Para el economista experto en hacienda Henry Amorocho, el retiro es producto de una «situación de calor», pues jurídicamente el ministro no puede decidir no asistir, dado que es una función constitucional. “Es una situación que va a tener que ser meditada mucho más fríamente”, anticipó.El presidente de ANIF, José Ignacio López, dijo que, aunque puede haber diferencias técnicas y conceptuales, la institucionalidad está para que haya una coordinación entre el Gobierno y el banco central. “El llamado es que el ministro de Hacienda se dé cuenta que al no respetar la institucionalidad le hace un daño muy grande al país”, indicó.Escenarios posibles y efectosSi el boicot persiste, el país entraría en una «incertidumbre legal y técnica» donde la moneda carecería de regulador con plenas facultades. Esto podría disparar las expectativas de inflación, que ya se proyectan por encima del 6 % para el cierre de 2026, lejos de la meta del 3 %.Al respecto, el presidente de ANIF advirtió que, si se pierde la independencia del banco central, la política monetaria quedará al servicio de «la urgencia del gobierno de turno y los intereses del día a día», lo que históricamente deriva en inflaciones descontroladas, como sucedió en otros países de la región.Además, el mercado de derivados ya descuenta presiones al alza en el dólar ante la incapacidad de la Junta para intervenir en el mercado cambiario sin quórum.Esto llevó a Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, a calificar el hecho como un «tiro en el pie» para la confianza inversionista. Según la economista, este precedente desarma las reglas de cómo funciona la economía colombiana y su resiliencia institucional.De hecho, este centro de pensamiento, al igual que otros, respaldó la posición de la Junta Directiva del banco central en pro del control de la inflación: “está realmente protegiendo al país de una crisis nacional, particularmente a la gente de menores de menores ingresos”, sentenció.La crisis, en última instancia, amenaza con trasladarse a los tribunales, donde la validez de cualquier decisión mayoritaria tomada sin el ministro será cuestionada por vicios de nulidad.—