«¿Cuántos funcionarios alemanes se necesitan para cambiar una bombilla?» – Ninguno. Primero hay que rellenar el formulario A38, esperar la aprobación del Ministerio de Energía, pedir cita para ir con el papel a la comisión de gastos y luego esperar a que acuda el electricista autorizado por el Estado». Los chistes alemanes sobre la burocracia son un clásico y su contenido suele responder a hechos reales. Pero no hacen ninguna gracia. Las empresas alemanas pierden hasta 146.000 millones de euros al año debido a la legendaria burocracia que cubre como una pegajosa tela de araña cualquier actividad económica en el país, por insignificante que esta sea. La cifra procede de un estudio del prestigioso Instituto Ifo encargado por la Cámara de Industria y Comercio (IHK) de Múnich y Alta Baviera. «Los costes de no hacer nada son enormes comparados con el potencial de crecimiento que permanece latente en la reducción de la burocracia», ha defendido largamente Oliver Falck, director del Centro de Economía Industrial y Nuevas Tecnologías del Ifo, para quien, solamente con que Alemania alcanzase los niveles de digitalización del sector público de Dinamarca, su PIB aumentaría en 96.000 millones de euros al año. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, perfectamente consciente de este lastre, llegó al gobierno con la promesa de una cruzada contra la burocracia. En su primera semana como canciller ordenó reducir la plantilla federal en un 8% y su consejo de ministros acaba de dar un primer paso en la dirección de reducir significativamente los trámites innecesarios. Con la esperanza de modernizar el aparato estatal y reactivar la economía, el Consejo de Ministros de Alemania ha aprobado un paquete de ocho medidas destinadas a simplificar trámites, eliminar obligaciones redundantes y fomentar la digitalización en la administración pública , que incluyen la simplificación del Código de Comercio e Industria, la supresión de las obligaciones de información y la simplificación específica de las normas fiscales que permitirán una gestión más eficiente de los impuestos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Estas modificaciones buscan reducir el número de formularios y facilitar el cumplimiento normativo mediante plataformas digitales. Su alcance no llega demasiado lejos, teniendo en cuenta que se calcula un ahorro, con su aplicación, de unos 160 millones de euros. Calderilla. Pero no todo se mide en dinero. La ministra de Economía, Katherina Reiche, ha defendido que «menos burocracia significa más libertad, más innovación y más tiempo para lo que realmente importa : el progreso». De las ocho medidas aprobadas, cinco provienen directamente de su cartera. Para simplificar las obligaciones de información, se han eliminado o reducido múltiples requisitos de notificación y documentación para empresas, especialmente en lo relativo a informes periódicos y registros duplicados. Esto afecta tanto a sociedades mercantiles como a autónomos. Se promueve el uso obligatorio de facturación electrónica para transacciones nacionales entre empresas (B2B), con un despliegue en tres fases hasta 2028, de manera que las empresas deben estar preparadas para recibir facturas electrónicas desde enero y emitirlas en formato estructurado a partir de 2026. En cuanto a la actualización de umbrales fiscales para pymes, el límite de facturación anual para acogerse a regímenes simplificados se ha elevado de 22.000 a 25.000 euros, y el umbral para el año en curso sube a 100.000 euros, lo que permite a más pequeñas empresas beneficiarse de trámites reducidos. También se han sentado las bases de una mayor interoperabilidad entre bases de datos públicas, algunos plazos de presentación de documentos se han extendido o flexibilizado y se permite el uso de formatos digitales para contratos y notificaciones que antes requerían formato papel o firma presencial. El Ministerio de Justicia, liderado por Stefanie Hubig, ha impulsado dos leyes que permitirán la tramitación completamente digital de contratos de compraventa de terrenos. Una vez notariado el contrato, los documentos podrán intercambiarse electrónicamente entre notarios, tribunales y autoridades, lo que supondrá un ahorro estimado de 50 millones de euros . Además, se digitalizarán las solicitudes y órdenes en procedimientos de ejecución hipotecaria, con un ahorro adicional de 6 millones de euros. En el ámbito laboral, la ministra de Trabajo y líder del SPD, Bärbel Bas, ha propuesto una reforma en la normativa de seguridad laboral. A partir del segundo trimestre de 2026, las empresas con menos de 50 empleados ya no estarán obligadas a contar con un oficial de seguridad, y aquellas con hasta 250 trabajadores podrán limitarse a uno. Esta medida reducirá el número de agentes de seguridad en 123.000, lo que representa un alivio significativo para el tejido empresarial. También se ha anunciado la creación de una 'Work-and-Stay-Agentur', una agencia digital que centralizará la gestión de solicitudes para trabajadores extranjeros y permitirá a los profesionales recibir todos los permisos necesarios a través de un único portal, independientemente de la autoridad competente en cada paso del proceso. Bas busca que Alemania sea más atractiva para el talento internacional y facilitar la contratación de personal altamente cualificado por parte de las empresas alemanas. La Cámara Alemana de Industria y Comercio reclama una reforma más profunda y estructural que aborde la raíz del problema. Advierte que «la competitividad de la economía alemana está en juego» y que se necesita una «estrategia sostenida» para garantizar que las reformas no se diluyan en el tiempo. Podría resultar clave en la sostenibilidad del proceso el consenso generalizado acerca de que no sólo es conveniente, sino que también es posible luchar contra la burocracia alemana, asumida socialmente durante décadas como un mal endémico. La pasada primavera, una exposición pop-up comisariada por Nueva Economía Social de Mercado (INSM) puso en evidencia en el barrio gubernamental de Berlín los absurdos y los efectos de la burocracia desbordante para los ciudadanos y las empresas. Más de 3.000 visitantes, incluidos numerosos políticos de alto nivel, se entretuvieron contemplando a los más enrevesados hijos de la burocracia «allí donde ella pertenece, en el museo», según señalaba el cartel de la exposición. «Con el Museo de la Burocracia, hemos abierto un nuevo capítulo de la comunicación política. Mostramos quejas, pero también soluciones, y de una manera entretenida, tangible y palpable», presumió el director general de INSM, Thorsten Alsleben. Max Weber la definió como la administración de autoridades públicas y empresas privadas que ejecutan jerárquicamente las decisiones de acuerdo con la ley y los reglamentos, la planificación y la precisión, así como la rutina y la identificó como esencial para el funcionamiento a largo plazo de una economía. «En Alemania, sin embargo, a partir de esta visión burocrática fundamental, que inicialmente debe interpretarse positivamente, se ha desarrollado una construcción regulatoria en el sector público que prescribe regulaciones y leyes hasta el más mínimo detalle, no solo para las empresas, sino también para los ciudadanos», quedaba explicado al inicio del recorrido. «Desde el punto de vista económico, este exceso de regulación supone un riesgo considerable para la competitividad de las empresas y, por lo tanto, para el crecimiento económico y el empleo», se concretaba.