El Gobierno ha activado la maquinaria presupuestaria y pretende llevar al Congreso, antes de que termine el año, la senda de estabilidad para los años 2026, 2027 y 2028. Esta hoja de ruta marca los objetivos de déficit de comunidades y ayuntamientos y supone un paso previo decisivo para la elaboración de las cuentas públicas, pero desde hace tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo: el año pasado, su senda fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y este año tampoco las tiene todas a su favor para conseguir el plácet de las Cortes. Si el bloqueo parlamentario volviera a materializarse, el Ministerio de Hacienda ya ha avisado de que se esfumaría el colchón extra de gasto de 5.485 millones que ha ofrecido a las comunidades para el periodo, un mapa donde Madrid y Cataluña deberían renunciar a los mayores importes: unos 1.000 millones cada una en tres años.Seguir leyendo