Acciona firmó al menos tres acuerdos para pagar a Servinabar —la empresa vinculada a Santos Cerdán, de la que controlaba un 45% — una comisión del 2% del importe de grandes obras públicas por un valor neto de 257,16 millones de euros adjudicadas después de que el dirigente socialista presionara al ministerio de José Luis Ábalos para que los contratos salieran adelante. Así lo sostiene el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso infoLibre, que describe un patrón repetido en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat a través de cinco contratos distintos. Según la UCO, los mensajes indican que “la operativa se podría haber llevado a cabo de forma recurrente durante la etapa ministerial de Ábalos”. La mecánica que reconstruye la Guardia Civil es casi calcada en los tres expedientes: Acciona y Servinabar firman un “memorándum de entendimiento” para “explotar la oportunidad de negocio” de la obra que corresponda. En este documento, Servinabar se presenta como una “consultora especializada, líder en prevención de riesgos laborales” —a pesar de que el 75,33% de sus ingresos estaban vinculados a Acciona, mientras que el resto es de origen no identificado, según los investigadores—. Una vez adjudicada la licitación, a veces mediante concurso y a veces directamente por trámite de emergencia, ambas empresas formalizan un contrato con conceptos y descripciones genéricas como “seguridad y salud” o “ayudas varias” en el que Acciona acuerda pagar el 2% del importe de la obra a Servinabar, de la que Santos Cerdán controla un 45%. Entre medias de estas dos firmas, antes de la adjudicación, en el ministerio se activaban los resortes de la trama para lograr la adjudicación, como evidencian varios mensajes reflejados en el informe. En las obras de Sevilla, la UCO señala una “notoria insistencia de Cerdán por que la licitación se llevara a término”. En un mensaje a José Luis Ábalos, entonces ministro del ramo, Koldo García describió esta insistencia de una forma más tajante: “Está obsesionado conmigo, con Sevilla y con el puente”. En la capital andaluza, la UCO destaca tres contratos: dos de trabajos previos para mejorar los accesos al puerto a través de las carreteras SE-30 y SE-40, y una obra posterior para sustituir los tirantes del Puente del Centenario. Fruto de esta insistencia de Cerdán, y tras recibir varios mensajes suyos preguntando por el tema, el 22 de abril de 2019 Koldo le informó de que Javier Herrero —entonces director general de Carreteras e imputado en el caso—, había tenido que “presionar mucho” a Pedro Saura —actual presidente de la empresa pública Correos y entonces secretario de Estado de Transportes—. Dos días después de este mensaje, se aprobó la declaración de emergencia para las dos obras de accesos al puerto, lo que posibilitó que, en julio, estas se adjudicaran directamente y sin concurso a Acciona. La estimación económica de estas dos obras que recoge el informe es parcial. En el caso de los accesos por la SE-40, la UCO toma como referencia el documento de aprobación provisional de la obra de emergencia, cuyo presupuesto base, 6,47 millones de euros con IVA —que serían 5,75 millones sin IVA— es el único importe de esta obra localizado por la Guardia Civil. Al aplicarle el 2% pactado en el memorándum a la cifra del documento, los agentes calculan que Servinabar habría recibido 102.247 euros por esa actuación. Para la otra obra, algo inferior en tamaño, la de los accesos provisionales por la SE-30, la UCO señala que “no ha localizado información ni del importe de licitación, ni del adjudicatario” y, por eso, no incluye ninguna cifra en sus cálculos.Sin embargo, ese importe sí consta en la documentación oficial. En los archivos del propio ministerio figura la aprobación provisional de la obra de emergencia de la SE-30, con un presupuesto base de 5,30 millones de euros con IVA —que serían 4,72 millones sin IVA—, un documento idéntico en formato al utilizado por la UCO para la obra de la SE-40. La ausencia de esta referencia en el informe no permite imputar ningún cálculo adicional, pero sí revela que el volumen total de obra movilizado en Sevilla fue incluso mayor del que los agentes pudieron reconstruir.A esto se suma otra particularidad: en todos los demás expedientes analizados —Logroño, Sant Feliu y el del Puente del Centenario— el 2% se calcula sobre el importe sin IVA, tal como establecía el memorándum entre Acciona y Servinabar. Pero en Sevilla, al no haberse hallado todos los contratos formales, la UCO se ve obligada a calcular el porcentaje sobre los presupuestos base con IVA, que son los únicos importes disponibles. El propio informe lo asume de facto, pero el resultado es que las cifras estimadas para Sevilla son necesariamente conservadoras, porque parten de precios diferentes a los utilizados por las propias empresas cuando formalizan los contratos.La mayor de las tres obras sevillanas, la del Puente del Centenario, sí salió a concurso y fue adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. El contrato original se adjudicó por 71,40 millones de euros (sin IVA) pero fue modificado hasta los 84,98 millones de euros (sin IVA). La UCO toma esta segunda cifra para calcular el 2% que, según el memorándum, Servinabar habría recibido como comisión: 1,69 millones de euros. En las obras de la autopista A-68 en La Rioja, Herrero informó a Koldo inmediatamente de que la oferta de Acciona era la más baja al conocerse el resto de ellas en la apertura de sobres del 22 de abril de 2019: “¡Bingo! En Logroño”. Koldo, a su vez, se lo transmitió inmediatamente a Ábalos: “Ya está en La Rioja hecho”. Efectivamente, en septiembre, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Aquaterra ganó la adjudicación de la obra con una oferta de 92,41 millones de euros netos, que acaba subiendo hasta 109,94 millones de euros netos tras una modificación del contrato. En este caso, Acciona y Servinabar firmaron tras la adjudicación un contrato para que la última realice la “gestión de seguridad y salud” en la obra a cambio del precio cerrado de 2,02 millones de euros, un 2,19% del total original previo a la modificación. En este caso, al igual que en el puente de Sevilla, Acciona acude a la licitación en una UTE. El contrato que firma con Servinabar, por tanto, es en nombre de la UTE, y no solo de Acciona. Sin embargo, los investigadores destacan el hecho de que, en noviembre, con este contrato ya firmado, Tomás Olarte, director de la zona norte en Acciona, escribe al CEO de Aquaterra, la otra empresa de la UTE, para presentarle al administrador de Servinabar, Joseba Antxón “de cara a una posible colaboración”. Según este mensaje, Aquaterra no habría sido consciente de haber contratado el mes anterior a Servinabar por 2 millones de euros, o si lo era, sus responsables no se conocían entre ellos. En Cataluña, el patrón es el mismo, aunque esta vez el organismo del Ministerio de Transportes implicado no es la Dirección General de Carreteras, sino Adif. En mayo de 2019, dos semanas después de que se publicara el anuncio de licitación de una obra ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, Acciona y Servianabar firmaron el memorándum para que la la primera pagara a la segunda el 2% de la adjudicación, en caso de conseguirla, a cambio de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. Igual que en los casos de carreteras, el máximo responsable del organismo encargado de la licitación mantiene contacto con la trama para informar sobre sus avances y los intereses de Acciona. El informe de la UCO recoge cómo Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, comunicó a Koldo el resultado de la apertura de sobres: “Apertura Sant Feliu. Acciona. Baja 24,77%”. Igual que en Logroño, la adjudicación se materializó meses después y, de nuevo, Acciona y Servinabar firmaron un contrato para lo que denominaron “seguridad y salud de obra”, por un importe mensual de 23.527,27 euros durante 44 meses —un total de 1,03 millones de euros— un 2% de los 51,76 millones (sin impuestos) del total de la adjudicación. Entre la documentación incautada en la sede de Servinabar, los agentes localizaron también anotaciones manuscritas con referencias a distintos órganos del ministerio y menciones a otros expedientes de obra pública. Para la UCO, estos apuntes constituyen “un indicio más” de que la relación entre Acciona y la empresa participada por Cerdán no se limitaba a los cinco contratos analizados, sino que formaba parte de una operativa más amplia, sostenida en contactos constantes entre directivos de la constructora, altos cargos del ministerio de Ábalos y el entorno directo de Santos Cerdán.Ya son cuatro los directivos de la multinacional imputados en este caso. A Fernando Merino, el responsable de Navarra, cesado en 2021 e imputado al principio de la causa, se han unido hoy Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción, y los directivos Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz, responsables de la zona sur y África y la zona norte, respectivamente. Pelegrini había sido cesado el pasado junio, pero Alconche y Olarte siguen en la nómina de la multinacional, que ha comunicado la “suspensión cautelar de las funciones de ambos”. Ambos participaron en los memorándums y contratos de Acciona con Servinabar en sus respectivas zonas de responsabilidad, según consta en el informe. En un comunicado, la empresa ha manifestado su “convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación” y ha negado “haber obtenido ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos.”