El Gobierno inicia este lunes su anunciada ofensiva legal contra la Comunidad de Madrid por la negativa a crear el registro de objetores al aborto . « Deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas», ha dicho Sánchez en X este lunes, »un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir». El Ejecutivo había enviado un requerimiento a Madrid en el que le daba el plazo de un mes para la creación de ese listado, tiempo que se cumplió el pasado viernes. Este lunes, el Gobierno da instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la Ley 29/1998. «Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales», ha dicho Sánchez. El inicio de las acciones legales no coge por sorpresa a la presidenta autonómica, que ya la semana pasada insistió en que la Comunidad de Madrid no habrá listas negras de médicos objetores. Y también en redes sociales ha contestado a Sánchez: «Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer . Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado». En sus últimas intervenciones, la presidenta regional ha subrayado que el aborto en España «es libre» y «tiene que ser seguro», y además hay que intentar «que sea poco frecuente». Ayuso dejó claro que no permitirá que «nadie sea señalado» en Madrid por tomar «una decisión u otra», por abortar o por dejar de hacerlo, «ni fuera de la puerta de una clínica, ni tampoco dentro», ni por «un ciudadano ni por un médico».