"La gente puede ver la enorme presión en sus comunidades y también puede ver que el sistema está roto, que hay personas capaces de burlar las normas, abusar del sistema y salirse con la suya", ha dicho la ministra del Interior, Shabana Mahmood. "Para mí, esto es una misión moral. Puedo ver que la migración ilegal está creando división en todo nuestro país... No quiero quedarme de brazos cruzados y ver cómo eso ocurre en mi país", ha asegurado la responsable de este plan migratorio.Entre sus principales medidas está la eliminación del derecho automático a la residencia permanente para quienes obtienen asilo. A partir de ahora, los refugiados podrán tener un permiso temporal (de unos 30 meses) y deberán revalidarlo periódicamente, quedando sujetos a que su país de origen sea declarado "seguro". Si su país de origen estabiliza su situación política y social y vuelve a considerarse "seguro", los refugiados tendrían que retornar. Para quienes hayan entrado irregularmente al país, el plazo para solicitar el estatus de asentamiento permanente se alarga drásticamente: de los actuales cinco años a veinte años. Aumentando su inestabilidad.El apoyo y las ayudas del Gobierno para que los inmigrantes puedan acceder a un alojamiento o ayudas económicas dejará de ser automático para todos los solicitantes de asilo: se convertirá en algo discrecional, dependiendo de la capacidad de trabajar u otros criterios que el Gobierno determine. Además, se refuerzan las exigencias para quienes aspiren al asentamiento permanente: estar empleados, haber contribuido a la seguridad social, no haber dependido de prestaciones, poseer un registro penal limpio, dominar el inglés y cumplir con tareas de integración comunitaria. "Casi 50.000 migrantes ilegales han sido expulsados o deportados desde las elecciones. Hemos intensificado la aplicación de la ley, deportado a delincuentes extranjeros de nuestras calles y ahorrado millones a los contribuyentes. Hoy prometo aumentar las expulsiones y deportaciones de migrantes ilegales y hacer lo que sea necesario para asegurar nuestras fronteras", ha afirmado la ministra del Interior.¿Qué suponen estas medidas?Estas medidas suponen un endurecimiento para la migración irregular. Para quienes estén ya en el Reino Unido como refugiados o solicitantes de asilo, el cambio puede suponer años de espera adicional para estabilizar su situación y requerimientos adicionales en el terreno de la integración y la contribución. El Gobierno quiere quitarse de encima la etiqueta de país receptor de inmigrantes, intentando responder a la presión política y social sobre este tema.Son las reformas más profundas del sistema de inmigración británico en décadas. Muchos juristas consideran que aumentan las incertidumbres sobre la legalidad de alguna de estas medidas. Uno de ellos es el aumento del plazo hasta veinte años para poder solicitar los derechos de asentamiento permanente para quienes entran de forma irregular. Se duda sobre su viabilidad legal y ética, ya que prolonga la vulnerabilidad de muchas personas. "La migración ilegal está desgarrando nuestro país. Como gobierno laborista, es nuestro deber unir a nuestra nación, y si no solucionamos este problema, creo que nuestro país se volverá mucho más dividido", ha remarcado la ministra del Interior británica.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.