Este miércoles ha dado comienzo en España el primer juicio por coacciones contra grupos provida, merced de la reforma del Código Penal impulsada el año 2022 por el Gobierno entonces presidido por Pedro Sánchez. Concretamente, el juzgado de lo penal nº1 de Vitoria toma durante esta semana (quedará visto para sentencia el jueves) declaración a testigos y 21 personas acusadas por unos hechos que tuvieron lugar entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre del 2022 ante la clínica Askabide en la capital alavesa, que tiene entre sus servicios el de la interrupción del embarazo. Tal y como informa 'El Correo', pues por motivos de espacio solo se ha autorizado la entrada a un reducido número de medios, este lunes ha declarado el gerente de la clínica, quien ha explicado que grupos de dos a cinco personas se manifestaban «rezando en alto, con carteles y rosarios». La empresa tiene también sedes en Bilbao y San Sebastián, donde también practica abortos además de otros servicios de ginecología, urología, reproducción asistida o cirugía plástica. «Me llamaron asesino. Me he sentido muy perjudicado emocionalmente y hubo pacientes que llamaron para anular citas», ha añadido el gerente. Ha explicado que la clínica de Vitoria practicaba el aborto desde que abrió en 2019, defendiendo que el 95% eran derivados de Osakidetza (sistema de salud vasco). «Cuando aprobaron la ley lo celebramos porque creímos que se había acabado el calvario, pero siguieron. Como era algo ilegal, llamamos a la Policía», ha afirmado. La Fiscalía reclama para cada uno de los acusados cinco meses de prisión. (Noticia en ampliación)