El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá el próximo miércoles, 26 de noviembre, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz. La propuesta, promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, llega sin que el Ejecutivo andaluz del PP haya expresado un criterio previo, ni favorable ni desfavorable, sobre su tramitación.El orden del día del Pleno, fijado por la Junta de Portavoces, contempla que la sesión se desarrolle durante tres jornadas, en lugar de las habituales dos. Los debates comenzarán el miércoles a las 16:00 horas con los debates finales de dos proyectos de ley: el de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, y el de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, tras los cuales se discutirá la ILP sobre sanidad pública.El texto de la iniciativa parte de la premisa de que, desde 2019, año en que Juanma Moreno asumió la presidencia de la Junta por primera vez, se ha intensificado el deterioro de la sanidad pública andaluza. Según sus promotores, el modelo de gestión de colaboración público-privada aplicado en este período ha conducido a un debilitamiento progresivo del sector sanitario público y a un crecimiento del privado.La ILP critica que las decisiones privatizadoras se han acumulado en este periodo y que las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, se han incrementado de manera significativa. Para revertir esta situación, la iniciativa propone modificar la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, con el objetivo de instaurar sistemas de control social sobre las decisiones de la administración, potenciar el desarrollo de recursos propios y regular la concertación con el sector privado de manera temporal y subsidiaria.Las mejoras de la leyEl artículo único de la ILP plantea que el sistema sanitario público se caracterice por la extensión de sus servicios a toda la población, el aseguramiento único y público, la financiación pública, el uso preferente de los recursos públicos y la prestación de una atención integral de alta calidad, evaluada y controlada. También propone garantizar que la atención primaria cuente con personal suficiente para ofrecer asistencia en un plazo máximo de 48 horas y que la atención hospitalaria cumpla con listas de espera inferiores a 30 días para consultas y 60 días para intervenciones quirúrgicas.Además, la ILP establece que el régimen de conciertos con el sector privado sea incompatible con la percepción de subvenciones para actividades financiadas públicamente. La Consejería de Salud deberá auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y los costes de los servicios y centros gestionados de manera privada, incluyendo aquellos considerados no sanitarios, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema público andaluz.