Kateryna Golizdra, de momento, ha sobrevivido seis meses en un limbo legal. Confía en que podrá aguantar otros seis mientras espera que la administración de Donald Trump decida el futuro del programa humanitario que permitió a unas 260.000 personas que huyeron de la guerra en Ucrania vivir y trabajar en Estados Unidos. Cuando su estatus legal venció en mayo, Golizdra, de 35 años, quedó automáticamente vulnerable a la deportación. Perdió su permiso de trabajo y se vio obligada a dejar su empleo como gerente en el Ritz-Carlton de Fort Lauderdale, donde ganaba más de 50.000 dólares al año. También perdió el seguro médico que cubría las revisiones por una afección hepática. Ya no puede enviar dinero a su madre, desplazada por la guerra y residente en Alemania.Seguir leyendo....