El Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla , merced a los designios de la Audiencia provincial, ha reactivado ya las actuaciones relativas a las acciones judiciales promovidas por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, contra Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology; por un presunto delito de intrusismo en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. En un auto de fecha 9 de noviembre, en concreto, el juez Eugenio Pradilla da cuenta de la reciente decisión de la Audiencia de estimar parcialmente la impugnación del sobreseimiento inicial de las actuaciones allá en marzo de este año, «confirmando de un lado el archivo por la comisión de un delito de revelación de secretos y la continuación del procedimiento penal por la comisión de un delito de intrusismo , que ha de terminar de investigarse». La citada prueba pericial, recordémoslo, fue encargada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla para «la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza » relativa a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aún no localizado, «sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción». Al respecto, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señalaba que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado «que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno». Lazarus, de su lado, alegaba que el Ministerio de Justicia no requiere para una actividad como la señalada «ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera ». «No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial», aseguraba la empresa. En cualquier caso, después de que en un auto de fecha 14 de marzo el Juzgado de Instrucción número siete acordase archivar las diligencias por presuntos delitos de intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio , por las acciones judiciales del decano de dicho colegio profesional contra Manuel Huerta, la Audiencia resolvía el pasado 3 de noviembre la estimación parcial de un recurso en contra de dicha decisión, reabriendo la causa exclusivamente en lo relativo a un posible delito de intrusismo. En consecuencia, y en un nuevo auto emitido el pasado día 9, el Juzgado de Instrucción número siete da cuenta de la reactivación de la causa en el sentido descrito, solicitando en paralelo al Juzgado de Instrucción número cuatro que informe sobre «si el equipo forense que firma la pericial presentada y firmada por el denunciado Manuel Huerta en nombre de Lazarus Technology tiene entre sus miembros un titulado en Informática para poder efectuar una pericial y si el informe pericial fue encargado por el Juzgado o fue de aportación de parte» en el mismo, como instancia responsable de las diligencias relativas a la búsqueda del cadáver de la víctima. En el mismo auto, el Juzgado de Instrucción número siete resuelve además prorrogar esta causa hasta el próximo 26 de mayo del año que viene , sin perjuicio de que sean decididas nuevas ampliaciones si se considera necesario. El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha recurrido ya este nuevo auto, avisando de que «ya hay claros indicios sobre la autoría real del informe , cuyo autor no es otro que el investigado, Manuel Huerta de la Morena». «El equipo forense de Lazarus Technology aludido lo compone una única persona, que no es otra que Manuel Huerta de la Morena, suscribiendo los trabajos como CEO y como perito judicial y ello lo ha acreditado en la causa su propia representación letrada», expone. En consecuencia, el decano reclama al juzgado que a su vez, cite como investigado al mencionado perito, para que aclare en sede judicial «si firmó el informe por el que se instruye este procedimiento a instancia de parte o judicial y, en todo caso, se le requiera para que aporte el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de Juzgado». Además solicita «copia íntegra del dictamen pericial informático entregado por éste, objeto central del presente litigio, al objeto de poder examinar s i figuran coautores del informe junto al Huerta y poder proceder a la averiguación de las concretas titulaciones académicas que posean».