'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es Dentro de la cabeza de Miguel Tellado hay una sala de vistas entera con su tribunal, las acusaciones y las defensas. Allí se celebran los juicios rápidamente y las sentencias salen como de una fábrica de embutidos. No se ve cómo se hacen, lo que es un alivio, pero el producto final del secretario general del PP aparece en todo su esplendor en ruedas de prensa, discursos y tuits. El Código Penal se reinventa cada día al servicio de los intereses del partido. El viernes, Tellado ya había emitido su sentencia por el juicio del fiscal general: “El que no tiene nada que ocultar, nada borra. Que un fiscal general del Estado borre su WhatsApp, elimine su correo electrónico, se llama obstrucción a la justicia y también es un delito. Lo han probado en sede judicial miembros de la UCO que han comparecido en este juicio durante esta semana”. ¿Obstrucción a la justicia? Sí, eso es un delito, pero no apareció por ningún lado en el juicio. A Álvaro García Ortiz se le ha juzgado por un delito de revelación de secretos, que es otra cosa. Qué más da, dirá Tellado. Luego está esa cosa siniestra de exigir a un acusado, sea quien sea, que demuestre que es inocente. El Estado de derecho, eso de lo que hablan tanto, no funciona así. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero dentro del sistema de justicia de un país democrático son las acusaciones las que tienen que probar que alguien es culpable y romper con ello la presunción de inocencia. ¿Dicen que borró las pruebas? Como dice la frase infame, algo habrá hecho. A base de inventarse delitos, es más fácil condenar a un acusado. El PP ya decidió hace tiempo que García Ortiz era culpable y que debía haber sido destituido por ello. Con lo del borrado de pruebas, cuentan al menos con un indicio real. En el juicio, el teniente coronel Antonio Balas, alto cargo de la UCO, declaró que hubo “un borrado” completo en la cuenta de WhatsApp del fiscal general. “Cuando se intenta recuperar la copia de seguridad, se comprueba que ya no existe”. Lo mismo en el caso de la cuenta personal de correo en Gmail. El tribunal tendrá en cuenta el testimonio de Balas, que se posicionó claramente en el lado de las acusaciones. Afirmó que la filtración sólo pudo proceder de García Ortiz: “En todo el proceso hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Es una cuestión evidente”. Era una deducción basada en parte en el carácter jerárquico de la carrera fiscal, pero que no puede descartar por ejemplo que fuera otro fiscal el que filtrara los correos del caso. Resulta llamativo que sea un responsable de la UCO el que tenga tan claras las ideas sobre cómo se producen las filtraciones. Más que nada porque en los últimos meses el contenido o las conclusiones de los informes de la UCO tienen la costumbre de aparecer en los medios de comunicación. El último, este sábado en El Mundo en relación a la investigación sobre Santos Cerdán. De algunos, se ha publicado su inminente finalización varias semanas antes de que llegaran al juzgado. A preguntas de su defensa, García Ortiz afirmó que “sistemáticamente” borra los datos de WhatsApp cada mes “por razones de seguridad”. Hay que suponer que una persona con su cargo toma todas las precauciones posibles para que no le roben el móvil o lo pierda, porque en su interior debe de haber datos confidenciales de todo tipo. También dijo que cambiaba de móvil cada año –un dato que la UCO negó– por las mismas razones. Después de todo lo que se supo sobre Pegasus y otros mecanismos para infiltrarse en un teléfono móvil, es también una precaución apropiada. El fiscal general negó haber borrado la cuenta de Gmail cuando se inició la investigación, como se ha leído en tantos medios y han denunciado los dirigentes del PP. “Cuando la UCO entra en mi despacho, la cuenta de Gmail está a su disposición”, dijo. Sólo la eliminó un par de meses después cuando empezó a recibir amenazas en esa dirección de email. “El atestado de la UCO se filtró con mis datos personales sin anonimizar”. Es decir, con números de teléfono y direcciones de email. Parece increíble que pasen estas cosas, pero ocurren con una cierta frecuencia en los juzgados. Evidentemente, cualquiera puede llegar a la conclusión de que García Ortiz está mintiendo para protegerse. Pero el tribunal no puede declararlo culpable sólo con esa opinión. Los magistrados suelen dar por hecho que algunas de las razones exculpatorias que da un acusado en un juicio no son nada concluyentes, pero no pueden condenarlo sin pruebas sólidas. Álvaro García Ortiz entra al Tribunal Supremo para la vista de su juicio el 12 de noviembre. Existe otra vía para fundamentar una condena que es la que se basa en “la pluralidad de indicios”. El Tribunal Supremo ha delimitado esa vía en varias sentencias. Los indicios deben ser múltiples, concurrentes y estar relacionados entre sí. Deben reforzarse mutuamente y conducir a una conclusión inequívoca sobre la participación del acusado en el delito. Y no admitir una explicación diferente que pueda servir para exculparlo. Todo eso tiene que ser explicado y razonado en la sentencia de forma que no quede ninguna duda. El tribunal se mete ahí en un terreno altamente interpretativo que podría causar críticas a la sentencia, en un asunto de una indudable influencia en la política, cuando se haga pública. Más allá del tribunal, hay instancias que, al igual que Tellado, hace tiempo que anunciaron su veredicto. Los ejemplos son numerosos. Los políticos siempre se dan mucha prisa en rebañar el fondo del caldero para aprovechar hasta la última miga. Feijóo escribió en junio: “Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”. Citaba el auto del juez instructor del caso, Ángel Hurtado, que lo comenzaba afirmando que García Ortiz había actuado “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. No tenía ninguna prueba o indicio para justificarlo y el Tribunal Supremo lo rechazó más tarde. Otras opiniones son más recientes y menos defendibles. Con el juicio a punto de iniciar su segunda semana, Rafael Latorre, presentador de Onda Cero, dijo que “a estas alturas nadie duda que desde la Moncloa a la Fiscalía, con la necesaria participación de medios de comunicación orgánicos, hubo una operación para tratar de destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso utilizando datos confidenciales de su novio”. Nadie duda. Desde la Moncloa. Lo mismo que el juez Hurtado. ¿Para qué molestarse en buscar pruebas? El Supremo niega que se pueda respaldar esa acusación y le da igual. Es mejor suscribir la tesis de Feijóo con el juicio ya comenzado y acusar a los que se basan en los hechos que son ellos los “orgánicos”. El jueves fue el último día del juicio. Es cuando las acusaciones y las defensas venden su pescado al tribunal para convencerle de que el suyo es el más fresco. La estrategia del abogado del novio de Ayuso consistió en argumentar que todo comenzó cuando la Fiscalía General filtró los correos que se enviaron el fiscal del caso y Carlos Neira, abogado de González Amador. Ahí comenzó una trama conspiratoria en la que no faltan culpables: fiscales, políticos y periodistas. La Abogacía del Estado retrasó el reloj y lo colocó en el momento en que Miguel Ángel Rodríguez filtró un email específico en el que el fiscal se mostraba abierto a negociar un acuerdo de conformidad y lo presentó a un grupo de periodistas como si fuera el primero de ese listado de comunicaciones. Era una manipulación que buscaba atacar a los fiscales y presentarlos como una correa de transmisión del Gobierno. Fue la respuesta de Ayuso y Rodríguez a la noticia publicada por elDiario.es sobre la investigación a su novio por presuntos delitos fiscales, respaldada por la Agencia Tributaria. Confiaban en que el tema quedara cerrado antes de que trascendiera en los medios de comunicación. Al no poder conseguirlo, pasaron a la ofensiva. García Ortiz se juega una pena de prisión, el cargo y hasta el honor. Rodríguez vive feliz, porque ya obtuvo lo que quería, plantar la idea en los medios amigos (¿orgánicos?) de que todo eso de los delitos fiscales de Amador sólo era una conspiración contra su jefa. El Tribunal Supremo también se juega su prestigio con la sentencia. Y si alguien quiere ir hasta el final y jugar un papel en eso que se llama 'el que pueda hacer, que haga', hay algo que no debe olvidar y es que hay decisiones de las que no te recuperas. Las crónicas del juicio Para los que estén interesados en observar el juicio desde el principio hasta el final, estos son los artículos que he escrito: Duelo entre fiscales con fiscal general de fondo. 3 nov. Miguel Ángel Rodríguez lanza una bomba de humo en el Tribunal Supremo. 4 nov. Las acusaciones encuentran el pozo seco en el juicio del fiscal general. 5 nov. Las miradas en el juicio se vuelven hacia la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. 11 nov. La UCO contra la FGE: un teniente coronel apunta directamente al fiscal general. 12 nov. La gran conspiración denunciada por los que montaron la primera conspiración. 13 nov. Libros 'Amo a Rusia', de Elena Kostyuchenko. Rusia es un país inmenso, inabarcable, y con una historia tan trágica como apasionante. Hay una parte de su presente que no es mucho mejor que el pasado, como demuestra el trabajo periodístico de Elena Kostyuchenko agrupado en su libro 'Amo a Rusia', que publica Capitán Swing. Su mirada se centra en los olvidados, en la gente que malvive en localidades ajenas a la riqueza de Moscú, los jóvenes que se encuentran en los márgenes ilegales de la sociedad o los gays y lesbianas que son acosados y marginados. No es que sea muy difícil caer fuera de una ley que se aplica con evidente arbitrariedad. Kostyuchenko pasó años trabajando en Nóvaya Gazeta, el periódico conocido por ser el de Anna Politkóvskaya y que el Gobierno ruso se ocupó de prohibir después de la invasión de Ucrania, como ha hecho con todos los medios que no acatan las órdenes del Kremlin. Hoy sigue funcionando desde Estonia. Otro libro interesante es 'Ser judío tras la destrucción de Gaza', también de Capitán Swing (alguien va a pensar que me llevo comisión). Peter Beinart ha escrito de forma frecuente sobre lo que significa ser judío en EEUU y cómo se viven los conflictos de Oriente Medio desde Nueva York. Durante mucho tiempo, ha cuestionado el apoyo ciego a Israel. Ahora, después de lo ocurrido en Gaza, no puede ocultar que esa defensa está encubriendo el apoyo a un supremacismo judío que ampara o fomenta una visión colonialista por la que el Estado de Israel tiene derecho a arrasar con todos aquellos que se oponen a ese proyecto. Han convertido las persecuciones sufridas por el pueblo judío a lo largo de su historia en una forma de extender el mito de que continúan siendo víctimas cuando sólo son los agresores. En los territorios palestinos que controla Israel, los pogromos son realizados por judíos, con la connivencia cuando no apoyo de su Ejército, y las víctimas son árabes.