El proceso para renovar la senda de déficit ha echado andar. Y el PP ya ha cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE a pesar de tener en su poder la mayoría de las comunidades autónomas y de que la propuesta colocada encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda suponga un margen fiscal para las administraciones regionales en su conjunto de 5.485 millones de euros adicionales hasta 2028.Ese abismo entre el Gobierno central y las administraciones del PP quedó reflejado en la reunión del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien se encontró un frente constituido por las comunidades gobernadas por el PP, que se instalaron en el ‘no’ a pesar de esa capacidad de gasto extra que supone la hoja de ruta emprendida por el Ejecutivo central.La nueva senda de estabilidad impulsada por el Gobierno, que pasa este martes su aprobación en Consejo de Ministros y que se enviará posteriormente al Congreso, fija para las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en los tres próximos ejercicios. Esto supone, según los cálculos de Hacienda, un margen fiscal de 5.485 millones de euros.Pero esa capacidad no está asegurada en estos momentos para las comunidades porque no goza de mayoría en la Cámara Baja. El Ejecutivo entiende, tras la reunión de este lunes, que Génova 13 no facilitará su tramitación en el Parlamento a pesar de que las autonomías populares son mayoría y podrían contar con más recursos para financiar competencias como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.El Gobierno quedará, si el PP no hace un sorpresivo giro final, otra vez en manos de Junts. Los de Carles Puigdemont ya hicieron caer, junto a populares y Vox, el último intento de Hacienda de aprobar una nueva senda en julio de 2024. Además, ahora siguen manteniendo que van a bloquear la legislatura. Según establece la ley de estabilidad presupuestaria (en el artículo 15.6), si el Ejecutivo no saca adelante los objetivos de estabilidad, tendrá que volver a presentarlos antes las Cortes en el plazo de un mes.La intención de Hacienda es que esa votación, y la posible segunda ronda, se puedan celebrar en sesiones plenarias en el Congreso antes de que finalice el año. Y apelan directamente desde el Gobierno a los socios de investidura para que respalden los nuevos objetivos porque dan un mayor colchón de gasto a las autonomías. En caso de que se rechace las dos veces, el objetivo de las comunidades pasará a la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit cero. No podrán gastar más de lo que ingresan y perderán el colchón de déficit que el Gobierno propone para permitir algo más de gasto público.La senda de déficit es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No obstante, si no sale, no impide al Ejecutivo que pueda presentar las cuentas públicas (sobre las que no tiene fecha aún). Pero sí supone una señal políticamente negativa de no tener ni siquiera una mayoría a la hora de distribuir esos objetivos de estabilidad en el conjunto de las administraciones.No obstante, la propia vicepresidenta Montero puso la venda antes de la herida y recordó, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en caso de no salir su plan será la propia Administración General (AGE) la que salga beneficiada porque asumirá esa capacidad de margen fiscal que perderían las comunidades. El plan respecto a la AGE fija estas metas de déficit: 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028. El Gobierno no ha logrado atraer al Partido Popular a pesar también de haber anunciado unas transferencias históricas para las autonomías. Las entregas a cuenta para el año que viene ascenderán hasta los 157.731 millones de euros (un 7% más que este año). A lo que hay que sumar, según trasladó Hacienda a los consejeros del ramo, la liquidación de 2024, que elevaría la cifra total hasta los 170.300 millones de euros.Las comunidades del Partido Popular rechazaron la senda alegando principalmente que el reparto del déficit es “asimétrico” y tan sólo se da un 0,1% a las autonomías. Además, entienden desde el PP que todo es un “paripé” porque el Gobierno central no va a conseguir aprobar los presupuestos generales. Desde Hacienda rechazan, en cambio, esa crítica de “asimetría” porque indican que dentro del objetivo de la Administración General se incluye, por ejemplo, el 1,4% respecto a la Seguridad Social. Para los socialistas, se trata simplemente de una maniobra de Génova 13 pensando en su oposición a Pedro Sánchez y obviando los propios intereses de sus gobiernos regionales.Este ‘no’ del Partido Popular también pone muy difícil la casilla de salida para el nuevo sistema de financiación autonómica. La idea que tiene el Ministerio de Hacienda es concretar ese modelo a las autonomías en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero. A María Jesús Montero le gustaría que se aprobara ese proyecto de ley durante esta legislatura y que estuviera ya en vigor en 2027. Al Gobierno le gustaría sacarla de la mano de PP (que pilota la mayoría de autonomías), aunque es consciente de que, ahora, ese respaldo parece imposible.Hacienda no pone cifras concretas sobre ese modelo y no especifica qué intención tiene respecto a la cesión de impuestos a las autonomías para que tengan mayor capacidad fiscal. Lo que sí contempla es que haya espacios para la bilateralidad dentro del sistema multilateral de las comunidades del régimen común y sigue pensando que hay margen para introducir el polémico principio de ordinalidad que exigen las fuerzas independentistas catalanas.