La Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión para su antiguo asesor Koldo García y siete para el empresario y comisionista Víctor de Aldama El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas La Fiscalía Anticorrupción solicita que se condene a 24 años de cárcel y a una multa de casi cuatro millones de euros al exministro José Luis Ábalos por el cobro de comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también solicita penas de 19 años y medio de cárcel para el axasesor Koldo García y de siete para el empresario y comisionista Víctor de Aldama, al que le aplica una atenuante de confesión por supuestamente haber colaborado con la Justicia. Además, reclama que el extitular de Transportes y quien fuera su mano derecha indemnicen a Ineco con 34.477,86 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros. También afirma que “procede acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros”. La causa se sigue por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictó el pasado 3 de noviembre un auto en el que cerraba la investigación del caso mascarillas y proponía juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama. Esta pieza es diferente a la que sigue instruyendo el magistrado por el amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que saldrá de la cárcel este miércoles tras pasar casi cinco meses en prisión. Ahora, el fiscal jefe Anticorrupción presenta su escrito de conclusiones en el que detalla la existencia de una “organización criminal” formada por los tres investigados con el fin de lucrarse gracias a contratos públicos. Cada uno de ellos, dice el fiscal, “asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz”. El “jefe” y el “alter ego” y testaferro Así, Ábalos era considerado el “jefe” y era quien “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio y su directa influencia cuando era precisa”, Koldo García actuaba como su “alter ego” y testaferro, así como de transmisor de las decisiones del ministro; y Aldama era el encargado de localizar empresas interesadas en contratar con la Administración y de garantizar el éxito de esas operaciones gracias al pago continuado de mordidas a Ábalos y Koldo García. Para engrasar ese “trato preferente” en el acceso a contratos, Aldama entregó 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García entre octubre de 2019 y julio de 2022. “Tales entregas de efectivo fueron efectuadas en ocasiones en presencia de Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos”, escribe el fiscal. Esa relación propició que, durante la pandemia, Ábalos y su colaborador facilitaran a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes para adquirir material sanitario. Como el empresario “carecía de los medios humanos y materiales necesarios, así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario”, contactó con la empresa Soluciones de Gestión. La compañía resultó adjudicataria de contratos con dos entes dependientes de Transportes: Puertos del Estado —8 millones de mascarillas por 24,2 millones de euros— y el gestor ferroviario Adif, que adquirió otros 5 millones por 12,5 millones. Según el fiscal, Aldama habría obtenido un beneficio total de 3,7 millones de euros por estas adjudicaciones. Para entonces, Aldama ya llevaba varios meses haciéndose cargo del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos. Se trata de una renta de 2.700 euros mensuales durante casi tres años: desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021. Las pesquisas han acreditado que Aldama, a través de un socio, abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. Según el fiscal, el empresario también sufragó el pago de una estancia de diez días en una villa de Marbella (Málaga) para Ábalos y su familia en el verano de 2020. Luzón considera que el comisionista abonó esa renta en “agradecimiento” por haberle adelantado la transcripción literal de una nota de prensa del Ministerio que alimentaba la idea de que la aerolínea Air Europa iba a ser rescatada en la pandemia, como finalmente ocurrió. “Esta nota tuvo un alto valor estratégico para Air Europa, pues vino a tranquilizar a sus acreedores al mostrar que estaba encarrilado el rescate que garantizaría el futuro de la aerolínea. También fue importante para Víctor de Aldama, que pudo justificar ante Francisco Javier Hidalgo el éxito de sus gestiones y su capacidad de influencia en el Gobierno de España”, recoge el escrito de Anticorrupción. El alquiler tuvo un coste de 9.800 euros. Asimismo, Luzón también afirma que Ábalos y Aldama firmaron un contrato de arrendamiento con opción a compra por parte del exministro de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, que fue en realidad un contrato de garantía encubierto. Ábalos nunca llegó a ocupar la vivienda ni pagó renta alguna. A su juicio, el documento habría funcionado como una fiducia destinada a garantizar el cobro de presuntas comisiones futuras. Asimismo, el fiscal sostiene que Ábalos, a través de Koldo García, utilizó su influencia para promover la contratación de personas de su círculo personal en empresas públicas dependientes del Ministerio. Así, considera acreditado que Jéssica R. fue contratada en Ineco y Tragsatec sin superar procesos de selección. A pesar de que no desempeñó actividad profesional de alguna, percibiendo una retribución total de 43.978,40 euros. Igualmente, Claudia M. fue contratada en Logirail, empresa del Grupo Renfe, de forma “arbitraria”. La bautizada como 'operación Delorme', que dio origen a la instrucción en el Supremo, comenzó investigando si Koldo García, exasesor de Ábalos, cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Los avances de la investigación permitieron descubrir que el propio Ábalos recibió contraprestaciones por las adjudicaciones a las empresas implicadas. Su aforamiento motivó que el caso acabara en el Tribunal Supremo. La citada Soluciones de Gestión obtuvo entre 2020 y 2021 un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado.