No por más que pase el tiempo, la postura de la Junta de Castilla y León sobre la reforma del modelo de financiación autonómica planteado por el ministerio de María Jesús Montero gusta más ni termina por convencer. A media que pasan los días, se reafirma en el rechazo a lo que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, calificaba este jueves como «una tomadura de pelo a las comunidades autónomas» . «No se trata de ver quién recibe más o menos, sino de que la financiación cubra adecuadamente los servicios públicos», recalcaba Mañueco durante su visita a la Escuela de Enfermería de Palencia, donde precisamente advertía de que para seguir avanzando en el camino de que las universidades sean una fuente de oportunidades de crecimiento y empleo es imprescindible contar con un sistema de financiación autonómica justo y adecuado, informa Ical. La propuesta del Gobierno central, censuraba Mañueco, no ha sido negociada con las autonomías, sino que llega «de la mano de Junqueras -líder de Esquerra Republicana de Cataluña-» y pone «en riesgo» la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. «Castilla y León cuenta con aproximadamente el 19 por ciento del territorio nacional y el 5 por ciento de la población de España, pero recibiría únicamente el 1,29 por ciento de los nuevos fondos previstos en la propuesta», ejemplificaba, a la vez que cargaba contra una propuesta que no responde a criterios de equidad ni a las necesidades reales de las comunidades, sino a «intereses partidistas». «Todas -las comunidades- las rechazamos en bloque, por algo será», señalaba el presidente de la Junta, un día después de que el conjunto de autonomías de régimen común, excepto la catalana, mostrasen a Montero su rechazo al modelo propuesto. En este sentido, incidía en que la Junta «hará lo que sea necesario» para seguir defendiendo l os intereses de Castilla y León y de España. Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo , insistía en una negociación «multilateral» entre todas las comunidades más allá de acuerdos por separado del Gobierno de la Nación con formaciones «separatistas». El también consejero de Economía y Hacienda, reprochbaa que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles «no se nos aportó nada por escrito, ni un documento, que era lo que demandábamos» ni dato a mayores de lo ya publicado y dado también a conocer por Junteras. Y dejbaa claro que la Junta recurrirá ante los tribunales el modelo propuesto en el «momento en que jurídicamente sea posible», pues todavía no se ha aprobado definitivamente. Lo que ocurrió el pasado miércoles en el CPFF fue el «fracaso de unir a las comunidades» en torno a un proyecto previamente pactado con una persona que «ni siquiera representa a una autonomía porque no forma parte de su gobierno y ni tiene cargo público porque está inhabilitado». También es, manifestaba, un «fracaso en la forma de hacer política» , la de «conceder privilegios a cambio de mantener el poder para seguir en el Gobierno», sostenía. Pese a tener a la práctica totalidad de las comunidades en contra, «desgraciadamente» el Gobierno «no ha renunciado» a una propuesta «injusta» donde Castilla y León es «de las más perjudicadas» y la ministra manifestó que «seguirá adelante» sin «tener en cuenta a las comunidades. «Y no es cualquier cosa», porque «con esos fondos se financia la educación y la sanidad de los territorios», recalcaba Carriedo .