Si la sensaciones antes de entrar ya no eran buenas, al salir lo que era una intuición se convertía en certeza para un consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que sólo podía calificar con la palabra «decepción» lo vivido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) celebrado en Madrid. Y es que de la reunión presidida por la ministra del ramo, María Jesús Montero, el responsable de las arcas autonómicas sólo ha salido con los mismos datos sobre la reforma del modelo de financiación autonómica que ya conocía de antemano. Los que habían dado tanto la propia Montero como antes el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la propuesta del nuevo sistema bajo el brazo, como recordaba y a la vez reprochaba Carriedo. «El dinero de los españoles tiene que dedicarse a financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales y no a compensar pagos políticas al señor Junqueras a cambio de apoyos parlamentario a Pedro Sánchez», recriminaba el también portavoz, quien afeaba que la ministra «tampoco nos ha querido dar ninguna información de los datos desde los que se construye la evolución de este nuevo modelo», que volvía a calificar como «injusto». «Supone que una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene el 20 por ciento de la superficie de España y que tiene algo más del cinco por ciento de la población de las comunidades autónomas de régimen común, sólo va a recibir el uno por ciento de los nuevos fondos que se van a repartir en el contexto nacional», coincidían en criticar tanto Carriedo desde Madrid como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desde Valladolid, en declaraciones recogidas por Ical. «Es un reparto absolutamente injusto que no podemos apoyar» , incidía Carriedo: «Este es un modelo malo para toda España, es malo para el conjunto de sus comunidades autónomas y es particularmente malo para Castilla y León». Así que, «no hay ninguna amenaza» que haga que la Junta vaya a cambiar de opinión «porque vamos a defender los intereses de Castilla y León», recalcaba después de que la ministra dijese que la asunción del nuevo modelo de financiación es «voluntaria» , de modo que las autonomías pueden optar entre el vigente –que data de 2009 y caducado desde hace un decenio– y el nuevo. Y es que si el anterior ya nació con el rechazo de la Comunidad, el nuevo tampoco convence. «Nos parece que un modelo de negociación de las comunidades autónomas sin las comunidades autónomas queda absolutamente parcial», insistía.