Más de nueve millones de personas residen hoy en una zona tensionada por el alquiler. Este volumen representa al 20% de la población del país, que se concentra en el noreste de la península, especialmente en Cataluña. Cada vez más ciudadanos viven en un lugar en el que el mercado está intervenido de acuerdo con el marco que establece la ley de vivienda desde 2023, porque los responsables de sus comunidades autónomas así lo han determinado tras observar que sus territorios cumplen con las condiciones que establece la norma: que el pago mensual del arrendamiento y los suministros de la casa superen el 30% de la renta media de los hogares; o que el alquiler medio haya crecido más de un 3% por encima del IPC acumulado en los últimos cinco años. Pese a que son muchas las ciudades que acreditan esta situación, el requisito político de solicitar esta declaración está frenando su expansión por el resto del territorio, singularmente en aquellos gobernados por el Partido Popular.Seguir leyendo