El problema detectado en las pulseras telemáticas antimaltrato –un informe de la Fiscalía fue el primero en hacerlo– no deja de crecer, reclama ya una explicación amplia y, llegado el caso, la asunción de responsabilidades políticas dada la gravedad de las denuncias sobre su funcionamiento que se van acumulando.Si el ‘apagón’ que se ha detectado y que pudo durar del orden de ocho meses ya era suficientemente preocupante –aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha apresurado a reducir a un 1% el número de mujeres maltratadas que hayan podido quedar “puntualmente” desprotegidas–, han comenzado a acumularse una serie de datos que hacen ver que el problema puede ser de una magnitud insospechada.La incompatibilidad entre el sistema primigenio y el que se implementó después, problemas en la ‘migración’ de datos entre un sistema y el otro, cambios en la empresa adjudicataria, compras de nuevos –y más baratos… incluso se compraron a través de un suministrador tan poco especializado como AliExpress– dispositivos de localización en el seguimiento de lo que técnicamente se conocen como las ‘parejas’ –víctimas y maltatradores– hace que un número indeterminado de mujeres hayan estado meses desprotegidas (dando por bueno el 1% de la ministra, no dejarían de ser entre 40 y 50 mujeres).Pero este tema tiene implicaciones penales directas ya que ha podido llevar al sobreseimiento de determinadas causas. Es cierto que la compra de estos localizadores –que no estarían pensados específicamente para este fin– fue de la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, unos meses antes de abandonar el cargo, pero ahora cabe establecer la responsabilidad de la nueva ministra Redondo y de su conocimiento real del problema, más allá de las declaraciones exculpatorias que hemos escuchado hasta ahora, en las que, a lo máximo, se reparten responsabilidades entre Cometa, la gestora del sistema, y la nueva UTE que entró a dar el servicio, una UTE de Vodafone y Securitas que sustituyó a Telefónica.El Gobierno ‘más feminista de la historia’, como tantas veces se ha definido, no puede dejar pasar ni un minuto más sin dar explicaciones y, llegado el caso, asumir responsabilidades por esta situación inexplicable, que pone boca abajo lo que se suponía que era un servicio modelo en todo el mundo.