Contratación laboral. Foto: BeFunky.La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) encendió las alarmas frente a un proyecto de decreto que el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene en revisión.La iniciativa busca modificar los criterios de calificación en licitaciones y concursos de méritos, otorgando puntaje adicional a las empresas que contraten personas con discapacidad o que estén lideradas por ellas.A primera vista, el cambio parece un avance en materia de inclusión laboral. Sin embargo, para los ingenieros, la medida podría tener efectos contraproducentes en el sector de la infraestructura. En un documento enviado al DNP, la SCI aseguró que el mecanismo propuesto desconoce principios básicos de igualdad e imparcialidad contenidos en la Ley 80 de 1993, la norma que regula la contratación pública en Colombia. Además, recordó que la aplicación de la Ley 1618 de 2013 —que buscaba garantizar derechos de las personas con discapacidad— ya había generado dificultades prácticas en la ejecución de proyectos.Uno de los puntos más del pronunciamiento tiene que ver con la estructura empresarial del sector. Según la SCI, más del 93 % de las compañías de ingeniería son unipersonales o sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.).Esto significa que aplicar el mismo beneficio a cualquier empresa puede resultar inequitativo: no es lo mismo, señalan,” el esfuerzo de un empresario que arriesga todo su capital social que el de un socio minoritario con una participación reducida. La SCI presentó observaciones al proyecto de decreto que modifica el puntaje adicional en contratación pública. El pronunciamiento plantea ajustes para garantizar equidad y proteger a las mipymes de ingeniería. Lee la nota completa aquí: https://t.co/YyUQCetz5l pic.twitter.com/rHgmtn4e9D— SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS (@IngenieriaSCI) September 22, 2025Ajustes propuestos y llamado al GobiernoLa SCI planteó varias alternativas. Propone, por ejemplo, que el beneficio del puntaje adicional se limite a criterios de desempate y que se mantenga en el 1 % actual, en lugar de subir al 2 % como contempla el borrador del decreto.También sugirió que la obligación de contratar trabajadores con discapacidad se ajuste al tamaño de la empresa y que los contratistas deban acreditar, en cada pago, que cumplen efectivamente las condiciones que les dieron acceso a los beneficios.Finalmente, los ingenieros advirtieron que las micro, pequeñas y medianas empresas —que representan la columna vertebral del sector— serían las más afectadas por las nuevas reglas. Estas compañías, claves en generación de empleo y proyectos de innovación, necesitan respaldo institucional para sobrevivir en un contexto económico complejo, y no cargas adicionales que podrían comprometer su futuro.