El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se aparta de la versión ofrecida por Junts del acuerdo para el proyecto de ley de atención al cliente que prepara su ministerio, por el que las empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación estén obligadas a atender a la clientela en lenguas cooficiales. Una medida que el partido de Carles Puigdemont quiere aplicar a todas las compañías, independientemente de dónde se encuentre su sede, mientras Bustinduy aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde están reconocidas estas lenguas. Seguir leyendo....