El 6 de marzo de 2024, dos diputados del Congreso pertenecientes a Sumar preguntaron por escrito al Gobierno sobre «la alarmante escasez de personal técnico» encargado de la instalación de las pulseras para maltratadores en Canarias. Aunque en las cuestiones no mencionaban posibles fallos, sí advertían de que el déficit de personal «en la empresa concesionaria» en el archipiélago exponía a las mujeres «a riesgos inminentes» y comprometía la eficacia de los dispositivos. El Ejecutivo, que respondió un mes más tarde, se refirió a la sustitución de las pulseras que, dijo, estaba sucediendo en ese momento tras el cambio de la empresa adjudicataria de Telefónica a Vodafone. Concretamente afirmó que durante el proceso, no se estaba desinstalando ninguno de los... Ver Más