La Fiscalía General del Estado ha autorizado este jueves mediante decreto la apertura de unas diligencias preprocesales para analizar "las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza". La investigación, dirigida por la fiscalía de la Audiencia Nacional y la de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tiene por objeto recabar pruebas de posibles crímenes contra la comunidad internacional supuestamente cometidos por Israel para ponerlos a disposición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional o del Tribunal Internacional de Justicia, los dos organismos de Naciones Unidas con investigaciones abiertas. Pero España ya ha aportado indicios importantes contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu tras unirse el año pasado a la causa abierta por Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio.El escrito presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en La Haya indica que para analizar si existe "ánimo genocida", es decir, la intención de exterminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso, los magistrados del tribunal de la ONU deben analizar las declaraciones de tres ministros del Gobierno israelí. España se refiere en primer lugar al exministro de Defensa Yoav Gallant, que el 9 de octubre de 2023 (dos días después de los atentados de Hamás que causaron 1.200 muertos en Israel) aseguró públicamente en varios medios: "Vamos a imponer un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia". El documento presentado por España también se refiere al ministro de Seguridad Nacional, el supremacista judío y antiárabe Itamar Ben-Gvir, que un día después de la declaración de Gallant afirmó: "Para ser claros; cuando decimos que hay que destruir a Hamás, también nos referimos a quienes celebran, a quienes lo apoyan y a quienes reparten dulces: todos son terroristas y también deben ser destruidos". Pero el escrito da una especial relevancia a las palabras del entonces ministro de Infraestructuras y ahora de Defensa, Israel Katz, perteneciente al Likud, el partido de Netanyahu. Porque sus amenazas terminaron por cumplirse. "Se ha cruzado una línea roja. Combatiremos a la organización terrorista Hamás y la destruiremos. Se ordena a toda la población civil de Gaza que abandone el lugar de inmediato. Venceremos. No recibirán ni una gota de agua, ni una sola batería, hasta que abandonen el mundo", afirmó. España recuerda que un informe preliminar de la Comisión de Independiente de Investigación sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados –la misma que este mismo martes ha concluido que lo que está ocurriendo en la Franja es un genocidio– recordó que el ministro Katz fue quien firmó la orden de cortar la electricidad, interrumpir el abastecimiento de agua y prohibir cualquier entrega de combustible en el territorio de la Franja. "Los efectos de esas medidas se hicieron sentir inmediatamente", sostiene la comisión de investigación de la ONU. "Desde el 14 de octubre de 2023 las tras desaladoras que hasta entonces producían 21 millones de litros de agua potable por día, dejaron de funcionar por la falta de electricidad y de combustible. El corte del abastecimiento de agua orquestado por Israel afectó de manera inmediata a más de 650.000 personas. La central eléctrica de Gaza cesó sus actividades el 11 de octubre de 2023 después de la interrupción del suministro de combustible por el paso de Kerem Shalom", sostiene el comité de Naciones Unidas que dirige la expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la sudafricana Navi Pillay, autora de varias de las sentencias sobre genocidio en las matanzas ocurridas en ese país africano. En su declaración ante el tribunal internacional, el Gobierno español recuerda, además, que la alarma por las manifestaciones de estos responsables políticos no solo se generó fuera de Israel, sino también entre sus propios ciudadanos y altos cargos. "El 28 de diciembre de 2023, un grupo de eminentes diplomáticos israelíes, universitarios, periodistas, antiguos miembros de la Knesset [el Parlamento israelí] y militantes de la justicia social enviaron al fiscal general de Israel y a otras autoridades judiciales una carta en la que les solicitaban que se movilizaran para poner fin a la limpieza étnica en Gaza dirigida por personalidades públicas. Esa carta contenía una lista de declaraciones de responsables políticos israelíes que, según los firmantes, las autoridades judiciales debían tener en cuenta por violar tanto el derecho israelí como el internacional". El escrito del Gobierno, presentado el 28 de junio de 2024, pide a los magistrados de La Haya que, como miembros del "órgano judicial principal de Naciones Unidas", para analizar si se han cometido las conductas que comportan el delito de genocidio, deben tener en cuenta "los datos, hechos e informes procedentes de la ONU, de sus instituciones y órganos y también de sus agencias". El escrito pone especial énfasis en "los resultados de investigaciones independientes auspiciadas por Naciones Unidas" para determinar si el crimen internacional se ha cometido. Una de esas investigaciones es el reciente informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Este martes, ese organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021, ha concluido que Israel "ha cometido y comete" actos genocidas como matanzas de miembros del grupo, grave daño a la integridad física y mental de los palestinos, infligir condiciones de vida calculadas para conseguir su destrucción física total o parcial o imponer medidas para evitar nacimientos". "La Comisión concluye que que el patrón de conducta es una prueba circunstancial de la intención genocida [de las autoridades de Israel] y que esa intención genocida es la única consecuencia extraíble de la totalidad de las pruebas recabadas". El grupo también acusa a Netanyahu, al presidente israelí Isaac Herzog y al exministro de Defensa Gallant de "incitación al genocidio".Las alegaciones españolas un año antes de la publicación de este informe ya avisaban de "la destrucción de infraestructuras esenciales" en la Franja, que han contribuido "a una crisis humanitaria sin precedentes y a un inmenso deterioro de las condiciones de vida de la población palestina". Basándose en un informe del Banco Mundial, recordaba que los hospitales, los centros educativos y las instalaciones de la ONU, junto a otros lugares protegidos, han sido sistemáticamente afectados y destruidos, lo que impide la distribución de servicios básicos y de ayuda humanitaria. La falta de electricidad afecta al tratamiento que reciben los pacientes de los hospitales, sobre todo a los recién nacidos. El documento denuncia la falta de comida, de agua potable y de gas para cocinar, lo que ha generado "una gran inseguridad alimentaria para la que las familias, cuyas condiciones de vida son extremamente difíciles, están desarmadas". En su escrito, el Ejecutivo también denuncia como posible acto de genocidio el bloqueo de la ayuda humanitaria que ha terminado por generar una gravísima hambruna en el territorio palestino que afecta especialmente a los niños. "España estima que el bloqueo de la ayuda humanitaria crea en la banda de Gaza condiciones de existencia que son susceptibles de generar 'lesiones graves a la integridad física o mental" de los gazatíes, una de las conductas que expresamente recoge el delito de genocidio en el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas que lo previene y lo sanciona. El documento presentado en La Haya y que fija la posición de España en el caso contra Israel, contiene también otros actos que, aunque no están recogidos expresamente en la definición legal de genocidio, pueden, en última instancia, resultar en actos genocidas. Entre ellos, el Gobierno recoge "el desplazamiento forzoso de personas", que puede conducir a "lesiones graves a la integridad física o mental" de las víctimas o al "sometimiento intencional a condiciones de existencia que provoquen la destrucción física total o parcial", conductas, estas dos últimas, que sí entran en la categoría de genocidio. La "destrucción intencional del patrimonio cultural" tampoco constituye en sí misma una conducta genocida, pero el Gobierno recuerda que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia estableció en 2001 que "donde hay destrucción física o biológica a menudo se producen ataques simultáneos en el patrimonio cultural y religioso y en los símbolos del grupo, ataques que pueden ser legítimamente considerados como pruebas de la intención de destruir físicamente el grupo".