En enero hará dos años que Junts y el PSOE pactaron la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat a cambio de que los separatistas se ausentaran de la votación de dos decretos que, de haber participado y votado en contra o abstención, el Gobierno hubiera perdido. En marzo de este año, catorce meses después de ese primer acuerdo, las dos formaciones políticas acordaron los términos de esa delegación de competencias en forma de una ley orgánica que desde entonces ha descansado en un cajón. Hace tres días Junts exigió que la votación se produjera en el próximo pleno, previsto para la semana que viene, aun conscientes de que el Partido Socialista todavía no había convencido a Podemos... Ver Más