En Moncloa alegan “motivos técnicos”, aseguran que la decisión es aprobar el decreto en el próximo Consejo de Ministros y que el texto implique la cancelación total de la relación comercial con Israel en la compraventas de armasLa Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: “Los Estados deben actuar para pararlo” Pedro Sánchez compareció de urgencia hace nueve días en la Moncloa para anunciar de manera solemne el embargo de la relación comercial con Israel para la compraventa de armas, pero el Gobierno aún no ha encontrado la forma legal para hacerlo. En el Consejo de Ministros de este martes tampoco vio la luz el texto de un real decreto que implica un paso más en la respuesta de la política exterior española al genocidio en Gaza. Y explica el Ejecutivo que solo se trata de “motivos técnicos” y no de falta de voluntad política. “Ustedes saben del compromiso de este Gobierno, pero las cosas hay que hacerlas bien. Es un decreto complejo en su elaboración. La voluntad es traerlo la semana que viene. Pero por favor, ninguna duda con este tema”, respondió a la prensa la ministra portavoz en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. En la Moncloa aseguran que se trata de una medida que implica de lleno a varios ministerios, como Interior, Defensa o Exteriores, entre otros. Y que además la complejidad radica en la necesaria seguridad jurídica que debe aportar una norma que, en la práctica, vendrá a paralizar decenas de compromisos contractuales con Israel para la compra de armas o munición. El lunes de la semana pasada, el presidente del Gobierno anunció un decreto ley urgente que “consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel”, un paso que blindaría legalmente la “prohibición” de vender armas a ese país y que el Ejecutivo ya había anunciado en el pasado. No obstante, España ha mantenido los contratos vigentes de compra de armamento y es el país de la UE que más armas y municiones ha comprado a Israel en los últimos meses. El objetivo del anuncio, por tanto, era establecer “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar”, dijo Sánchez. Aunque ese anuncio fue celebrado por la mayoría de socios de izquierdas del Ejecutivo, el retraso de la aprobación por parte del Consejo de Ministros ya ha levantado polvareda entre los compañeros de coalición. Los partidos de Sumar al unísono criticaron este martes que ya vayan dos Consejos de Ministros sin que se apruebe una norma anunciada por el presidente como urgente. Los de Yolanda Díaz reclamaron que se apruebe sin mayor dilación porque, de no ser así, supondría un “incumplimiento flagrante” del acuerdo alcanzado entre socios de Gobierno, aseguraron. El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, llegó a plantear incluso que si los socialistas siguen demorando la medida, los ministros de Sumar se ausenten del próximo Consejo de Ministros en señal de protesta. También criticó el retraso el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que habló de “ministros rebeldes” contra el acuerdo de Gobierno alcanzado la semana pasada y reclamó a Sánchez que si eso es lo que demora la aprobación del decreto “los cese”. Aina Vidal, de Catalunya en Comú y portavoz adjunta de Sumar, también arremetió contra el PSOE por el retraso y calificó de “excusas” las razones ofrecidas. Fuentes de Sumar aseguran no fiarse de esos argumentos y temen que el problema de fondo sea político. “No nos creemos la excusa de las cuestiones técnicas. Más bien creemos que se trata de discrepancias entre ministerios que no son los nuestros. Esto tiene muchas implicaciones económicas”, apuntan esas fuentes. En la Moncloa desechan la idea de que exista un conflicto entre ministerios ni reticencias a la hora de impulsar un decreto que es compromiso personal del presidente del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo, donde por el momento evitan dar detalles de esas complejidades técnicas ni de cómo resultará finalmente el texto aprobado, sí dan por descontado que su impulso implicará en la práctica “la paralización absoluta” de los contratos firmados con empresas israelíes y sus filiales para el comercio de armas. Eso ocurrirá, añaden, cuando el decreto sea finalmente aprobado en el Consejo de Ministros, primero, y validado en el Congreso, después. Creen en el Gobierno que pese a la complejidad parlamentaria que les sustenta y a la oposición frontal del PP y Vox, en posiciones de choque total con el Ejecutivo en cualquier tema, en general, y sobre el genocidio israelí, en particular, ese texto contará con los suficientes apoyos como para salir adelante. Aunque de no ser así, apuntan, “será cada partido quien tenga que retratarse”. Por el momento, según el Ministerio de Defensa, ya se han cancelado oficialmente dos contratos millonarios para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y también para la adquisición del sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambos para el Ejército de Tierra. El montante de ambos contratos asciende a 1.000 millones de euros. Además del embargo de armas, las medidas anunciadas por Sánchez, que han provocado la reacción airada de Netanyahu, incluyen la prohibición de transitar por los puertos españoles del combustible con destino a Israel, así como de entrar en el espacio aéreo español a aeronaves de Estado que lleven armamento a ese país. También se impedirá el comercio con los asentamientos ilegales, aunque falta por ver la letra pequeña para determinar qué zonas se abarca finalmente así como el alcance de las empresas a las que afecta y si incluye a las españolas. La semana pasada el Consejo de Ministros sí dio el paso de sancionar a los dos ministros más ultras del gabinete de Netanyahu -los titulares de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich-, en línea con lo que ya han hecho otros países, como Reino Unido, Bélgica o Canadá, entre otros. Y también ha comprometido más ayuda a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que está en la diana de Israel y también cuestionada por Donald Trump. Choque político Con el genocidio en Gaza como telón de fondo de la batalla política nacional, este martes continuó el choque dialéctico entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la reacción del Ejecutivo a las masivas protestas en defensa de Palestina que paralizaron la Vuelta Ciclista a España. Después de llegar a calificar esas protestas como “violencia política” o incluso de compararlas con la guerra de Sarajevo, como hizo Isabel Díaz, Ayuso, fue este martes la portavoz parlamentaria del PP la que volvió a la carga. Ester Muñoz insistió en arremeter contra los “violentos” que este domingo bloquearon la última etapa de La Vuelta y acusó al Gobierno de “deshumanizar” a su partido. “El Gobierno y sus portavoces y terminales mediáticas nos deshumanizan a todos los que no compartimos al 100% su demagogia e hipocresía. Patxi López nos ha llamado desalmados, ¿eso no es deshumanizar?”, se preguntó justo antes de referirse al presidente del Gobierno como “el galgo de Paipòrta”. Muñoz acusó al Gobierno de promover ahora el boicot a Israel en La Vuelta o en Eurovisión para tapar sus problemas judiciales y políticos. La portavoz de Feijóo tildó de “hipócrita” que no se hayan aprobado las sanciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu anunciadas hace ya una semana por Sánchez. Y señaló al Ejecutivo por instigar el boicot a la competición ciclista, algo que consideró propio de “otro tipo de regímenes”, no de una “democracia”. Desde el Ejecutivo, le respondió Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz cargó contra la “equidistancia” del PP con Palestina: “Los silencios, la equidistancia y esas comparaciones odiosas del PP, les van a perseguir el resto de su vida política. Lo que hemos visto es una manifestación principalmente pacífica”, defendió. El Gobierno volvió a defender la movilización ciudadana que consiguió frustrar el fin de la etapa en Madrid e incidió en el llamamiento a que Israel sea excluido del conjunto de competiciones. “La ciudadanía española se ha convertido en la voz de la conciencia de Europa. Una voz en contra del genocidio y a favor de los derechos humanos. Ese clamor popular va a ser una constante en el resto de los países europeos. Y no puede ser tapado por los organismos y federaciones internacionales”, dijo Alegría. Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023”. En su informe, de 72 páginas, destaca la existencia de cuatro de los cinco criterios de genocidio: Asesinatos, causar daños corporales y mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos.