El contrabando de cigarrillos volvió a encender las alarmas fiscales en Colombia. Según el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024, realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, el 36% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, la cifra más alta en casi una década.El costo para el Estado es monumental: entre 2017 y 2024 se dejaron de recaudar 5,3 billones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto anual de Medellín. Solo en 2024, la pérdida superó un billón, dice el análisis.Más allá del golpe al recaudo, el problema se traduce en una carga pesada para el comercio formal. “Cuando un producto de contrabando puede costar $4.000 frente a $12.000 de uno legal, el diferencial tributario abre la puerta al negocio ilícito. Eso erosiona la base empresarial y afecta la competitividad del país”, advirtió Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.LE PODRÍA INTERESAR: Gobierno extiende, por segunda vez, intervención a Famisanar: ¿cuánto durará la medida?El dirigente gremial recalcó que no se trata solo de evasión fiscal: “Cada cajetilla ilegal fortalece estructuras criminales que se financian con narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos. Si perseguimos al tendero con una cajetilla ya perdimos la batalla; la tarea es frenar el crimen transnacional y recuperar el recaudo”.Las regiones más afectadas son La Guajira (87%), César (81%), Magdalena (79%) y Norte de Santander (75%), donde la ilegalidad domina el mercado. En zonas rurales, más de la mitad del consumo (51%) proviene del contrabando.Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de departamentos.Foto: CEETGestión por la legalidad con los tenderosPara revertir esta tendencia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la FND, Fenalco y Coltabaco anunciaron el fortalecimiento de la estrategia Zonas de Comercio Legal (ZCL), que este año formará a más de 1.000 tenderos como “Embajadores de la legalidad”.“Los tenderos han sido instrumentalizados por grupos ilegales. Con este programa buscamos protegerlos y darles herramientas para decirle no a la ilegalidad”, explicó Tavera. Desde el gremio del comercio, el llamado es a respaldar la formalización. “En Fenalco estamos convencidos de que la legalidad es la base del desarrollo empresarial y del progreso social. Desde 2020 nos unimos con compromiso a esta estrategia, que visibiliza el rol fundamental de los tenderos en sus comunidades”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.LE PODRÍA INTERESAR: Empresas deberán incorporar el riesgo geopolítico en su estrategia, según KPMG En su versión 2025, el programa se ejecutará bajo un formato híbrido, capacitando a 337 comercios antiguos (de forma virtual) y 738 nuevos tenderos (presencialmente) en temas como normatividad, finanzas, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente y reconocimiento de productos legales.La versión 2025 de Zonas de Comercio Legal tendrá un alcance específico: se desplegará en 11 ciudades estratégicas que concentran el comercio minorista y, al mismo tiempo, registran mayores riesgos de contrabando. Operará en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín (y su área metropolitana), Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar. Algunas de estas zonas son críticas por su cercanía a puertos marítimos y por la presión de grupos ilegales en la costa.Jaime Alberto Cabal, presidente de FenalcoSantiago Saldarriaga / CEET“Los tenderos están en la primera línea de defensa contra la ilegalidad, pero también han sido instrumentalizados por grupos criminales que los obligan a vender mercancía de contrabando. Este programa busca protegerlos y darles herramientas para decirle no a la ilegalidad”, explicó Tavera.Desde el gremio del comercio, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó el papel pedagógico de la iniciativa. “En Fenalco estamos convencidos de que la legalidad es la base del desarrollo empresarial y del progreso social. Desde 2020 nos unimos con compromiso a esta estrategia, que visibiliza el rol fundamental de los tenderos como auténticos Embajadores de la Legalidad en sus comunidades”.LE PODRÍA INTERESAR:¿Cómo no caer en bancarrota? según Esperanza GómezMás allá de la pedagogía, los gremios advierten que combatir el contrabando requiere ajustes fiscales y regulatorios.La directora de Coltabaco, Silvia Barrero, hizo un llamado al cumplimiento de la Ley 2354 de 2025, que regula la promoción y venta de productos de tabaco y nicotina: “La industria no se opone a los impuestos; lo que pedimos es que sean técnicamente correctos y no incentiven de manera perversa la ilegalidad. Estamos convencidos de que trabajar juntos —sector público y privado— es la única vía para transformar esta realidad”.Barrero también recordó que la industria formal asume responsabilidades adicionales: “Tenemos el firme compromiso de que nuestros productos nunca lleguen a manos de menores de edad. El contrabando, por el contrario, no tiene límites y por eso es una amenaza no solo económica, sino también social y de salud pública”. Cigarrillos.EFE¿Cómo será la lucha contra el contrabando?El objetivo concreto con esta campaña es promover la venta de productos legales, impulsar la formalización del comercio y combatir el contrabando desde las tiendas de barrio, panaderías, licorerías y minimercados, que representan la primera línea de defensa contra este delito que hoy permea economía y seguridad.Un frente de trabajo debe ser la capacidad institucional. Didier Tavera advirtió que la Policía Fiscal y Aduanera ha visto reducidas sus efectivos de más de 1.000 a menos de 700 hombres, lo que deja zonas enteras —como el sur del país— descubiertas frente al contrabando.“Necesitamos sumar capacidades con Ejército, Armada y Policía de Carreteras. La tornaguía electrónica es un avance, pero se requieren más herramientas tecnológicas y más pie de fuerza”, señaló.El segundo eje es la política fiscal. Para Jaime Alberto Cabal, los altos aranceles y las cargas impositivas han incentivado el mercado ilegal en varios sectores.LE PODRÍA INTERESAR:El Dorado, el aeropuerto número uno en Latinoamérica: ¿qué lo llevó a la cima?“No hay mejor caldo de cultivo para el contrabando que un arancel excesivo. En confecciones pasó con el 40% y hoy vemos desempleo. Con los cigarrillos ocurre igual: impuestos mal diseñados terminan premiando la ilegalidad”, advirtió.En tercer lugar está la educación y cultura ciudadana. Según Cabal, los tenderos son la primera línea de defensa contra la ilegalidad, pero necesitan formación para detectar y rechazar productos de contrabando. Y Silvia Barrero enfatizó "La cadena de comercialización debe conocer la nueva regulación. Los productos de tabaco y nicotina deben tener advertencias sanitarias y jamás llegar a menores. La pedagogía es clave para frenar la ilegalidad”.LE PODRÍA INTERESAR: Rentas criminales, un riesgo que trasciende la descertificación de Colombia Un cuarto aspecto es la protección social de los tenderos. Tavera alertó que en departamentos como Sucre, Córdoba y la Costa Caribe, los comerciantes son presionados por bandas ilegales. “Les dejan la mercancía y luego los intimidan para que la vendan. No podemos dejar a los tenderos en manos de estructuras criminales; hay que blindarlos desde el Estado”, aseguró.CONSTANZA GÓMEZ GUASCA REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS