El debate sobre la reforma a la salud vuelve al Congreso con una nueva versión del proyecto de ley que será discutido en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Tras el archivo de la propuesta inicial en 2023, el Gobierno insiste en transformar el modelo de aseguramiento vigente, con el objetivo de reestructurar de manera amplia el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Según un análisis de Anif, el Ministerio de Salud expuso que los problemas estructurales del sistema justifican la iniciativa. Según la cartera, “aunque el actual sistema logró expandir la cobertura universal del derecho a la salud, esto implicó un aumento progresivo del gasto del gobierno en aseguramiento”.(Lea: Fomag amplía su red farmacéutica con más de 1.100 puntos de dispensación)Para 2024, el 38,6% de las fuentes del sistema provinieron del Presupuesto General de la Nación (PGN), y las proyecciones oficiales indican que, con la reforma, ese porcentaje podría alcanzar en promedio el 44% en la próxima década.Otro de los argumentos del Gobierno es que el crecimiento del gasto en aseguramiento no se ha reflejado en una prevención efectiva de enfermedades. “El modelo actual se orienta hacia la atención de patologías que podrían prevenirse mediante intervenciones tempranas”, señaló la exposición de motivos.La cartera también resaltó la inviabilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De las 157 autorizadas históricamente, 129 han sido liquidadas, y actualmente el 52% de los afiliados está en EPS intervenidas. El cuarto factor señalado es la integración vertical, que permite a las EPS prestar servicios con sus propias clínicas y hospitales, práctica que, según el Gobierno, elimina la competencia y ha debilitado las instituciones hospitalarias públicas.(Vea más: Posible liquidación de la Nueva EPS sería una 'cortina de humo')Los aportes de la Nación al sistema de salud llegarían a $96,2 billones en 2036.iStockAhora bien, en agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda presentó el aval fiscal que respalda la viabilidad de la reforma y que detalla la ruta de gastos y fuentes de financiamiento. En materia de usos, el documento precisa que los gastos directos concentrarán el 96% del presupuesto del sistema en 2026 y permanecerán en niveles similares durante la siguiente década.La atención primaria será el pilar fundamental del nuevo modelo y absorberá la mayor proporción de recursos. De acuerdo con el Ministerio, la senda de gasto pasará de representar el 5,9% del PIB en 2026 al 7,6% en 2036, con la presión concentrada en la atención primaria y los servicios de mediana y alta complejidad.En cuanto a las fuentes de financiación, los aportes de la Nación serán los de mayor peso. En 2024, esos recursos fueron de $38,9 billones (constantes de 2025) y, según el aval, llegarán a $44 billones en 2026 y a $96,2 billones en 2036. Las cotizaciones del régimen contributivo se mantienen como la segunda fuente más importante, con una proyección de $37,5 billones en 2026 y $49,7 billones en 2036, crecimiento que parte del supuesto de un incremento sostenido del empleo formal.(Vea también: Supersalud ordena a Nueva EPS legalizar pagos con prestadores)El 52% de los afiliados a la salud está en EPS intervenidas.iStockEl aval también incorpora otras fuentes como el 100% del recaudo de los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, los gravámenes a bebidas alcohólicas, el IVA social equivalente al 0,5% del recaudo total del IVA y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).A pesar de la estructuración presentada, el documento reconoce riesgos en materia de sostenibilidad. En el caso de la atención de mediana y alta complejidad, el enfoque preventivo podría generar mayores costos que los proyectados, pues el tamizaje masivo y la detección temprana de enfermedades incrementarían la demanda de procedimientos especializados.Otro riesgo identificado es el fortalecimiento institucional de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), que deberá centralizar el flujo de recursos y procesar millones de facturas diariamente. Según el informe, “los costos tecnológicos, de recurso humano e infraestructura necesarios para esta transformación institucional podrían superar significativamente las estimaciones actuales”.(Lea: Sociedades científicas advierten falta de consensos en mesas de trabajo sobre la UPC)El patrimonio conjunto de las EPS era de -$12,4 billones a julio de 2025.iStockEn el frente de ingresos, las proyecciones sobre cotizaciones dependen del crecimiento del empleo formal, lo que resulta incierto en un mercado laboral con más de la mitad de trabajadores en la informalidad.El documento alerta que “el aumento de las cotizaciones al ritmo del crecimiento de la economía parece optimista”. También se identifican riesgos con los impuestos saludables, cuya naturaleza busca desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, por lo que su recaudo tiende a disminuir en el mediano plazo.El aval no contempla los efectos de la Ley de Competencias derivada de la reforma al SGP aprobada en 2024, lo que introduce incertidumbres sobre los recursos proyectados. La redistribución de competencias hacia las entidades territoriales podría reducir la capacidad fiscal del Gobierno central y limitar su margen para financiar el sistema.(Vea: Reforma estatutaria de Nueva EPS abre camino a riesgo financiero y en red de atención)La Nueva EPS registró un patrimonio negativo de -$6,2 billones y pasivos de $21,4 billones a marzo de 2025.iStockOtro frente de presión está en el cierre financiero de las EPS. La transición hacia un modelo de gestoras contempla recursos para cubrir pasivos y sanear entidades públicas como la Nueva EPS, pero la suficiencia de los fondos es debatible.El documento reconoce que “aunque las medidas mencionadas podrían aliviar temporalmente las obligaciones financieras del sector, podrían implicar costos fiscales en caso de que dichas garantías o compensaciones no se encuentren sujetas al techo de gasto del sector salud”.La situación financiera de las EPS acentúa estas dudas. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reportó que el patrimonio conjunto de estas entidades era de -$12,4 billones a julio de 2025, sin contar la Nueva EPS. La Contraloría reveló que el patrimonio negativo de esta última alcanzó los -$6,2 billones en marzo de 2025, producto de pasivos por $21,4 billones, muy por encima de los $6,7 billones estimados en el aval.(Vea más: Crece controversia entre Fomag y Así Vamos en Salud por informe sobre régimen especial)DIANA K. RODRÍGUEZ T. Periodista de Portafolio