Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: MinInterior. El Gobierno Nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca reordenar el esquema de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).Esta ley nació de la reforma al SGP, la principal bolsa de dinero que la Nación le gira a las regiones para que presten servicios como: educación, salud, agua potable y saneamiento básico.Cuando se aprobó la reforma, se ordenó que se hiciera una ley de competencias donde se escuchara a los diversos actores, como entes territoriales y Gobierno.Presidente Gustavo Petro en reunión con las regiones. Foto: PresidenciaEl objetivo es ordenar cómo se reparten la plata y las responsabilidades entre la Nación y los departamentos, distritos y municipios.La iniciativa, presentada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila, desarrolla los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política y rediseña la relación entre la Nación y las entidades territoriales, especialmente en sectores como salud, educación y agua potable y saneamiento básico.Más recursos y nueva senda para el SGPUno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de la base de cálculo y el crecimiento del Sistema General de Participaciones.El proyecto propone que, durante los próximos 12 años, la plata del SGP crezca cada año hasta llegar a representar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación.Cumbre de gobernadores. Foto: FNDEsto no significa que el aumento sea inmediato, sino que se hará de forma progresiva, con el argumento de garantizar estabilidad fiscal, pero dejando claro que habrá más recursos para financiar servicios sociales en los territorios.El proyecto parte de una premisa clave: no todos los municipios y departamentos tienen las mismas capacidades. Por eso, plantea que las responsabilidades y los recursos no se asignen de forma uniforme, sino teniendo en cuenta qué tan fuerte es cada entidad territorial, si es rural o urbana, si tiene mayores brechas sociales o si cuenta con la capacidad administrativa para asumir ciertas funciones. En la práctica, esto significa que los territorios más débiles recibirían más apoyo y que no se les exigiría lo mismo que a los más desarrollados.En cuanto a la distribución de los recursos, el proyecto fija porcentajes muy concretos. Del SGP primario, el 58,5 % va para educación, el 24,5 % para salud, el 5,4 % para agua potable y saneamiento básico, y el 11,6 % para propósito general (que es la bolsa más flexible para alcaldías y gobernaciones). A eso se suman asignaciones especiales obligatorias, como recursos para resguardos indígenas, el Programa de Alimentación Escolar y el Fonpet, que cubre el pasivo pensional de las entidades territoriales.La iniciativa también refuerza las reglas sobre el uso de los recursos. La plata del SGP solo podrá destinarse a la prestación de servicios y a inversión social, y no a cubrir déficits, pagar deudas viejas.Además, se mantienen restricciones como la inembargabilidad de estos recursos y se abre la puerta a que el Gobierno intervenga cuando una entidad territorial acumule dinero sin ejecutarlo, para evitar que se afecte la prestación de los servicios.Mantiene la obligación de manejar estos recursos en cuentas separadas, prohíbe que hagan unidad de caja y reafirma su carácter inembargable. Además, crea un Fondo de Estabilización del SGP, financiado con parte del incremento anual, para garantizar que las transferencias no se vean afectadas por choques fiscales y para financiar sistemas de seguimiento y control.En sectores como salud, educación y agua potable, el proyecto busca que los recursos se asignen con un enfoque de cierre de brechas, priorizando las zonas con mayores necesidades. En salud, por ejemplo, la Nación conserva el control general del sistema, pero se plantea un fortalecimiento de la red pública hospitalaria y de la atención primaria en los territorios.