Veintinueve familias de Madrid tienen fecha de salida de suscasas: antes del 31 de diciembre deberán entregar las llaves de las viviendasen las que llevan viviendo cerca de 20 años. Son pisos situados en barrioscéntricos de la capital, como Chamberí, Lavapiés o Pacífico, propiedad de laTesorería General de la Seguridad Social, que el Gobierno quiere vender ahora aprecio de mercado.Los inquilinos accedieron a estas viviendas a partir de 2005a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), una iniciativa impulsada porel Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar el acceso a unavivienda asequible, fundamentalmente a jóvenes. En aquel momento, los pisos seadjudicaron mediante sorteo o a través de portales inmobiliarios, aunque loscontratos se firmaban directamente con la sociedad pública si se cumplíanciertos requisitos de renta y necesidad.Expulsados de vivienda públicaLas rentas oscilaban entre los 900 euros por un piso de doshabitaciones y los 1.200 por uno de tres, aunque se han ido incrementando con elpaso de los años. Tras la quiebra de la Sociedad Pública de Alquiler en 2012,los inmuebles pasaron a manos de la Tesorería General de la Seguridad Social.Ahora, más de una década después y en pleno auge de los precios de la vivienda,el Ejecutivo ha iniciado el proceso para venderlos.La decisión llega tras un informe del Tribunal de Cuentasque insta al Gobierno a desprenderse de estos activos. El órgano fiscalizadorconsidera que la Seguridad Social no tiene competencias en materia de vivienday que los contratos de alquiler han caducado. Así que el Gobierno afirma queestos inmuebles deben venderse.Aunque a los inquilinos se les ha ofrecido una opción decompra preferente, las condiciones hacen inviable esa alternativa para lamayoría. A Lourdes Sanz les han ofrecido comprar “su” casa por 478.000 euros. “Unpiso de 70 metros cuadrados”. “Tengo 66 años y no me dan una hipoteca”,explica Lourdes,. A Miguel Jabalois, le piden casi 700.000 por el suyo. Algoinviable. Tanto él como su pareja están en situación de desempleo, lo que haceimposible acceder a un crédito.La propuesta de los vecinosLas familias piden que las viviendas se integren en elparque público, como la recién creada “Casa 47” para poder seguir viviendo dealquiler, pero el Gobierno sostiene que jurídicamente no es posible. Desde elministerio aseguran que están obligados a cumplir el mandato del Tribunal deCuentas y que no pueden mantener esos pisos como alquiler social.Los vecinos denuncian una falta total de alternativas.Aseguran que no se les ha ofrecido ningún realojo ni ayuda, ni tampococompensaciones por los años de alquiler abonados, las obras realizadas o lasmejoras hechas en los pisos. “No nos están desahuciando de manera formal, peroes un desahucio encubierto”, sostienen.Critican además lo que consideran una contradicciónpolítica. “Hablan de proteger a los inquilinos y de ampliar el parque público,pero a nosotros nos echan”, lamentan. Subrayan también lo paradójico de lasituación: la Seguridad Social quiere desalojar a familias que siempre hanpagado puntualmente sus rentas.Según el Informe de fiscalización operativa sobre laeficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social , solo en laComunidad de Madrid hay alrededor de 850 inmuebles propiedad de la SeguridadSocial que están vacíos y no generan ningún rendimiento. Mientras tanto, ellosse enfrentan a quedarse sin casa en uno de los momentos más tensionados delmercado inmobiliario.De momento, aseguran, nadie del ministerio les ha recibido.La única instrucción que han recibido es clara: entregar las llaves antes deque acabe el año.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.