El 9 de julio de 2022, a las cuatro y veintiún minutos de la tarde, Óscar Segovia del Pozo, empresario de administraciones de lotería y empresas de VTC, envió un mensaje a Ignacio Torán Delgado, presunto narcotraficante: "Hoy dimos el primer premio de Lotería Nacional". A lo que posteriormente añadió: "Tengo localizado (sic) varios". Al día siguiente, Torán respondió tres veces seguidas: "Quiero". "Biennnnnn". "Biennnn (sic)". Luego preguntó por la cuantía de los premios y añadió: "Quiero". A la mañana siguiente insistió: "Me informas".No era una conversación sobre azar. Era, según los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, una transacción de blanqueo de capitales. Segovia, administrador de la sociedad Servicar 25 Transporte de Viajeros SL —una empresa de vehículos con conductor con domicilio en la calle Gamonal de Madrid—, gestionaba también varios puntos de venta de lotería en la ciudad. Ese día de julio había localizado a titulares de décimos premiados dispuestos a venderlos. Torán, el principal investigado en una causa por narcotráfico y blanqueo que hoy instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quería comprarlos: así, el dinero negro del tráfico de drogas se convertía en premios de lotería declarados ante Hacienda.Comprar billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más antiguos que existen. En una trama que incluye criptomonedas, cuentas en Panamá, holdings en Delaware y plataformas bancarias en Santo Tomé y Príncipe, Segovia y Torán seguían recurriendo a este arcaico sistema. SELAE, la entidad pública que gestiona la lotería del Estado, confirmó a los investigadores que Segovia cobró cuatro premios del sorteo del 9 de julio de 2022, a 150.000 euros cada uno —600.000 euros en total— en un punto de venta del barrio de Vallecas, en Madrid. En noviembre de 2023 cobró cinco premios de más de 15.000 euros cada uno —75.000 euros adicionales— en otro punto de venta de Aluche. En total, 675.000 euros en premios de lotería que el informe de la UAI vincula a Torán.Pero la lotería era solo una de las piezas del esquema de blanqueo. Otra de ellas era el negocio de los vehículos con conductor. Torán controlaba más de cincuenta vehículos matriculados a nombre de sus sociedades y explotados bajo licencias VTC a través de plataformas como Uber, Cabify y Bolt. El juez ha pedido a estas tres plataformas los registros de viajes y pagos de trece empresas VTC vinculadas a la trama entre 2020 y 2024. El mecanismo era sencillo: las sociedades titulares de las licencias declaraban ingresos como si procedieran de carreras reales. Aprovechando ese flujo de dinero, introducían también efectivo procedente del narcotráfico y lo hacían pasar por ingresos del negocio. De esta manera, se mezclaba el dinero lícito con el que procedía del narcotráfico. Las empresas tenían administradores formales, titulares nominales, y detrás de todos ellos, según la investigación, estaba Torán.Segovia era el gestor de la flota y administrador de varias de las empresas de VTC, así como de distintos puntos de venta de lotería. En las conversaciones intervenidas que recoge el informe de la UAI —el mismo chat en el que aparece la conversación sobre los premios de lotería— Torán y Segovia hablan de las licencias y autorizaciones VTC "cuya explotación gestiona Óscar [Segovia]". Segovia le ofrece ampliar el negocio a Barcelona e Ibiza.En esa misma charla, mencionan en varios momentos al “amigo de Torán". Se refieren, según el informe, a Óscar Sánchez Gil, entonces inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales —la UDEF— de la Policía Nacional. Sánchez Gil está en prisión provisional desde noviembre de 2024, procesado por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. Según la investigación, cobraba de la organización criminal y usaba su posición en la policía para proteger a la trama, un hecho que, según se desprende de su conversación con Torán, era conocido por Segovia. En su domicilio del municipio madrileño de Villalbilla se encontraron más de 18 millones de euros en efectivo, una parte dentro de las paredes de la casa.En paralelo a todo esto, Servicar 25, una de las empresas de VTC administradas por Segovia, licitaba y ganaba contratos públicos por valor de millones de euros. En mayo y junio de 2020, en plena pandemia, la Comunidad de Madrid le adjudicó por procedimiento de emergencia siete contratos para el transporte de personal en vehículos de nueve plazas con conductor. Cinco de ellos correspondían al SERMAS —el Servicio Madrileño de Salud— para dar cobertura a cuarenta y cuatro centros de atención primaria durante la emergencia sanitaria del covid. En total, Madrid pagó a Servicar 25 más de 300.000 euros ese año.Pero el contrato más relevante llegó en octubre de 2023, cuando la Corporación de Radio y Televisión Española formalizó con Servicar 25 un contrato por un valor estimado de más de 8,5 millones de euros —impuestos incluidos—. Con una duración de un año prorrogable por otro, cubría el transporte de personal de RTVE en Madrid las 24 horas del día, los 365 días del año. La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar con empresas cuyos administradores hayan sido condenados por, entre otros, delitos de blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Segovia no tiene condena —la investigación es posterior a la adjudicación— pero el pliego exigía que los licitadores presentaran una declaración responsable de no incurrir en ninguna causa de prohibición para concurrir. Para acceder al contrato, Servicar 25 tuvo que firmar esa declaración.Además de la adjudicación millonaria, RTVE también otorgó a Servicar 25 el servicio de minibuses con conductor para el Benidorm Fest 2024, por 134.213 euros, y para el Festival de Cine de San Sebastián 2024, por 34.048 euros. En total, los contratos públicos identificados con Servicar 25 entre 2020 y 2024 superan los nueve millones de euros, incluyendo los impuestos.Torán fue detenido el 6 de noviembre de 2024. El contrato de RTVE, adjudicado en octubre de 2023, tenía vigencia de un año con posibilidad de prórroga y fue modificado en junio de 2024 para extenderse hasta noviembre de 2025, por lo que podía estar vigente en el momento de las detenciones. infoLibre ha preguntado a RTVE si el acuerdo continuó tras el inicio de la instrucción de la causa y las detenciones de 2025, o si por el contrario fue suspendido o rescindido. También se ha dirigido a Servicar 25 para ofrecer a la empresa y a Óscar Segovia del Pozo la posibilidad de responder a las afirmaciones contenidas en esta información. No se ha obtenido respuesta a ninguna de las dos consultas.Almudena Sánchez Betes, que se describe en LinkedIn como directora financiera de Servicar 25, era, según el informe, "canalizadora de todas las comunicaciones" entre Torán, el abogado Mario Pestaña Sartorius, el gestor Juan Ángel Cervera y el testaferro Miguel Ángel Albaladejo en las estructuras societarias panameñas de la organización. En octubre de 2024, días antes de que estallara la causa, le preguntaba a Torán por mensaje de voz dónde quería que entregaran unas obras de arte que había adquirido recientemente. Torán le indicó que las llevaran al garaje de su chalet en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón: "Lo meto [sic] en el garaje de Montealina los cuadros, ¿vale? Y el Spiderman".Entre los documentos hallados por los investigadores en el teléfono de Sánchez Betes —descrita en varias ocasiones por la UAI como "secretaria de Torán"— había facturas, contratos y justificantes de transferencias de numerosas empresas que controlaba la organización criminal, además de la vida laboral de Ignacio Torán, que muestra cómo, desde al menos 2021, ha sido dado de alta en varias empresas controladas por la trama. La denominada “secretaria” también figura como apoderada en otra empresa, Bethesda Promotions SL, controlada por Torán a través de otra intermediaria, según la investigación policial. La sociedad fue adquirida solo un día antes de la detención de Torán a Luis Miguel Trigueros —un conocido gestor de viveros de sociedades— y comparte domicilio con otras empresas propiedad de María Ernestina Paolini, titular también de varias licencias VTC e investigada en la causa como testaferro de Torán en varios inmuebles de Dubai. Paolini es pareja, según la policía, de Pierre Gutiérrez Ramírez, otro testaferro contra el que el magistrado que instruye la causa dictó el pasado 22 de abril una orden de detención internacional.Almudena Sánchez fue detenida en noviembre de 2024 y excarcelada en abril de 2025, junto a la esposa del exjefe de la UDEF y otros colaboradores, después de que el juez no facilitara a sus defensas los elementos esenciales de la causa. En el registro de su casa la policía encontró más de 50.000 euros en efectivo. Actualmente está en libertad provisional tras un error judicial que permitió la salida de varios de los implicados en el juicio. Torán se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2026. El exinspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil está en la cárcel desde noviembre de 2024. Francisco de Borbón von Hardenberg —primo del rey Felipe e hijo del fallecido Duque de Sevilla—, investigado por su papel en las estructuras financieras de la organización, fue detenido en febrero de 2026 y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con retirada de pasaporte y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. La instrucción de la causa, que el juez Francisco de Jorge lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, sigue abierta.